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Hay que reformar reglamento de la Asamblea

Como lo dijimos inmediatamente después de ocurrida la elección del presidente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), estaba claro que, una vez más, los diputados habían ignorado las exhortaciones ciudadanas, habían improvisado un supuesto proceso de elección, lleno de falencias, donde no se transparentó la información ni se acreditó la idoneidad de la persona electa.
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En ese último proceso de elección, quedó en evidencia que se trató, otra vez, de una negociación aritmética, muy lejos de un proceso limpio, calificado y cristalino como es el deber ser.

No queda más remedio que incorporar –como en efecto lo haremos– una acción constitucional que tendrá como propósito examinar si los diputados cumplieron con su deber constitucional de elegir adecuadamente al funcionario. Sabemos que no fue así, por lo que no cuesta mucho anticipar lo que va a ocurrir.

Pero también tenemos que ocuparnos de lo que viene. Ya se inició el proceso de elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República y lamentablemente ya se inició con los mismos vicios. La Asamblea hace unos días hizo una convocatoria pública en la que prácticamente puede participar cualquiera, pues no se establecieron los requisitos mínimos que deberían tener quienes aspiren a dirigir el órgano contralor del Estado. Eso no puede seguir así.

Si existen diputados que de verdad estén interesados en comenzar a hacer bien las cosas y en dar muestras de su compromiso con la transparencia, la probidad y la lucha contra la corrupción, este es un buen momento para comprobarlo.

Dadas las experiencias que hemos venido sufriendo en estos procesos de elección, se vuelve imperativo que se modifique el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL). Más allá de las criticables prácticas que se han venido enquistando en la Asamblea, es una realidad que a la fecha, las disposiciones contenidas en el RIAL no propician que se elija a los mejores candidatos.

Hay que incorporar adecuados criterios de convocatoria, elementos de transparencia y de participación ciudadana, reestructurar por completo los procesos de entrevistas y dar concreción a los lineamientos jurisprudenciales emanados de la Sala de lo Constitucional.

Pensamos que es un adecuado momento para que los diputados muestren a la ciudadanía que son merecedores de seguir ocupando una curul. En el caso que particularmente comentamos, deben ser conscientes de que el rol de la Corte de Cuentas es verdaderamente esencial, toda vez que quedan bajo su escrutinio y eventual juzgamiento, las actuaciones que todos los funcionarios realicen al manejar fondos públicos. No cesaremos en decir que si hay una institución con un rol protagónico en el combate a la corrupción, esa es la Corte de Cuentas.

Por eso exhortamos a que previo a dar continuidad a un proceso que ya inició mal, los diputados se enfoquen en modificar el RIAL. Ahora estamos inmersos en la elección de Corte de Cuentas, pero no dentro de mucho estaremos hablando de la elección de fiscal general y magistrados de Corte Suprema de Justicia.

Regresando a la elección de Corte de Cuentas, los diputados están obligados a procurar no solo cumplir con los requisitos formales establecidos en la Constitución, sino también a asegurar que tales personas, al ser de honradez y competencia notorias, estén en capacidad de mantener la independencia institucional que claramente exige la Constitución.

Por último, si existen pretensiones de reelección, los actuales funcionarios estarán obligados a revelar qué es lo que han hecho en temas tan sensibles como la utilización de fondos públicos para el financiamiento de instituciones privadas, o el uso que han hecho los partidos políticos de los fondos públicos recibidos.

Las actitudes omisas o complacientes en la Corte de Cuentas no pueden seguir siendo toleradas, ni mucho menos premiadas. Estaremos atentos.
 

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