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Hay que seguir trabajando para que en el país todos nos comprometamos a que la legalidad impere

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En estos días el tema de la impunidad ha cobrado más presencia en el ambiente porque sin duda estamos en una fase de avance hacia el ejercicio pleno de la justicia, que ha sido una tarea permanentemente pendiente en el curso del tiempo, y muy en particular desde los años de la preguerra y de la guerra y hoy de la posguerra, en la que continuamos inmersos de distintas maneras. Lo que queda cada vez más claro, por diversas señales que se acumulan en el curso del proceso nacional, es que El Salvador está entrando con bastante impulso en una nueva fase evolutiva en lo que a la vigencia de la legalidad se refiere, y aunque aún hay muchísimo terreno por recorrer para llegar a niveles sustanciales y sostenidos, lo cierto es que vamos avanzando y que el imperativo de continuar haciéndolo ya parece imparable, pese a todos los obstáculos y las deficiencias que salen al paso.

Es fundamental, como hemos repetido tantas veces y volveremos a hacerlo cada vez que sea oportuno, que el imperio de la legalidad gane todo el protagonismo que le corresponde en un régimen democrático en forma. En tal sentido, ningún acto ilegal o criminal debe quedar fuera de la órbita de la ley, y esto hay que garantizarlo con hechos, no con meras declaraciones. Ahora mismo se está discutiendo lo que debería ser la legislación que surja luego de que la Sala de lo Constitucional recién salida declarara inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, emitida inmediatamente después del fin del conflicto armado.

Hay que entender históricamente todo ese proceso. La conclusión de la guerra llegó por la vía negociada, y por consiguiente se pretendía como era natural que todos los actores participantes en el conflicto armado pudieran pasar de inmediato al ejercicio político en el nuevo escenario democrático. La amnistía tuvo, pues, en aquel momento, ese propósito básico. La cuestión no era perdonar, sino habilitar. Más de 25 años después, hay que entrar de veras en una fase de reconciliación funcional, que no implica castigos sino aperturas hacia la verdad reconocida y aceptada y al cierre definitivo de heridas que aún están ahí. Esto hay que legislarlo no con vistas al pasado sino con perspectivas hacia el futuro, teniendo presente que las víctimas del conflicto son muchísimas, la gran mayoría de ellas anónimas.

El tema de la impunidad tiene, pues, muy variadas facetas, y se refiere a cuestiones y casos que no son uniformables de manera mecánica. Afortunadamente el trágico capítulo de la guerra quedó atrás, aunque muchas secuelas se hacen sentir todavía; y lo que hoy más importa es darle estabilidad y seguridad a nuestro avance por la ruta de una modernización que hay que impulsar y cuidar en todas las formas posibles. En esa ruta, ninguna expresión de impunidad debe hacerse presente. Nuestro país y toda su población merecen, porque se lo han ganado con heroísmo de la mejor especie, una vida segura y próspera, donde la ley impere y el progreso funcione como en todo caso debe ser.

Esperamos que los legisladores tomen efectiva conciencia de su responsabilidad en esta temática tan sensible, para que sus decisiones contribuyan de veras a fortalecer la convivencia pacífica y la normalidad del quehacer nacional.
 

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