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Hay que tener presente siempre que la lucha eficaz contra la corrupción es un desafío que no admite medias tintas ni medias verdades

Es una cultura de corrección y de honradez la que habría que instaurar de manera general, de tal forma que los ciudadanos, sea cual fuere su procedencia y su condición, estén movidos espontáneamente por el respeto a los valores fundamentales de la sana convivencia social.
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La corrupción institucional se ha venido incrementando en el país precisamente en esta etapa de posguerra, paradójicamente cuando los esfuerzos democratizadores están más activos que nunca. Pero la ventaja de que esto último sea así ha hecho que los comportamientos corruptos tengan hoy cada vez menos posibilidades de permanecer envueltos en los velos tradicionales de la impunidad establecida. No es casual entonces que el tema de la corrupción se halle constantemente frente al foco de la opinión pública y que los mecanismos para descubrir, exponer y castigar conductas incorrectas, abusivas o claramente delincuenciales se vayan manifestando con creciente efectividad, aunque desde luego haya aún mucho terreno institucional por recorrer para que pueda decirse que se está saneando de veras el ambiente.

Es alentador que desde la ciudadanía se estén dando las mayores presiones para efectivizar la transparencia y para viabilizar la persecución de las conductas corruptas. Hay que insistir en el punto de que éste no es un tema que pueda ser reducido al ámbito de la justicia penal, que desde luego debe hacer lo suyo en cada caso y en toda circunstancia. El reto de entrada es institucional y administrativo, y les compete a los entes encargados de manera inmediata de investigar las conductas públicas y de recoger todos los insumos probatorios para llegar con éxito a la imposición de la justicia. Instituciones como la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil se hallan en la base de ese reto, y los signos ya existentes de que están realmente dispuestas a cumplir con su cometido son una señal de muy buen augurio.

Cada día se van destapando más situaciones que al menos despiertan sospechas de manejos indebidos y abusivos de los recursos públicos, y últimamente lo más elocuente al respecto ha sido el tema de las asesorías en distintas instituciones estatales, comenzando por la Asamblea Legislativa, que ha sido conocida tradicionalmente como el primer Órgano del Estado. Que los diputados necesitan asesoramientos puntuales es algo que está fuera de duda, pero de eso a constituir verdaderos equipos permanentes en torno a cada representante hay una diferencia injustificable. Habría que hacer una evaluación a fondo de este tipo de estructuras, para definir con claridad lo que debe haber y lo que no es admisible. Para el caso, el estar proveyendo empleos en la misma Asamblea a los diputados suplentes se ha vuelto una práctica común que tiene que ser reconsiderada seriamente.

Y es que en verdad lo que hay que promover y estimular en todos los sentidos y en todos los ambientes es la vigencia de la moralidad activa, cuyo ejercicio está íntimamente vinculado con la educación formativa en la familia, en la escuela y en el seno de la sociedad. Es una cultura de corrección y de honradez la que habría que instaurar de manera general, de tal forma que los ciudadanos, sea cual fuere su procedencia y su condición, estén movidos espontáneamente por el respeto a los valores fundamentales de la sana convivencia social.

La limpieza institucional constante es connatural al buen desempeño de la democracia en el terreno de los hechos. Temas puntuales como la invasión del clientelismo político y la infiltración del crimen organizado merecen estar bajo la lupa en forma permanente para que el sistema pueda mantener su salud y preservar sus energías.

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