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Hay una luz al final del túnel

El acercamiento que los partidos políticos han tenido en los últimos días no pasa de ser un espejismo que se desvanece una vez que, bajo presión nacional e internacional, se ha logrado el bendito acuerdo de los $550 millones. La polarización seguirá firme y campante; y es predecible que vendrán nuevos “acercamientos” y negociaciones no muy transparentes para el resto de los $1,200 millones que están pendientes y que se sumarán a la asfixiante deuda que ya tenemos.
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Algunos crédulos salvadoreños pensarán que este es el principio de una real y franca concertación entre los partidos por el bien del país, pero las cosas no son así y pronto se enfrascarán de nuevo en inútiles pleitos de plaza hasta que de nuevo otros internacionales jalones de oreja les obliguen a otro acuerdo.

Después de concederle oportunidad durante veinte años a un partido y diez a otro, la población no alineada –la que no es voto duro de nadie– advierte que se equivocó al cederles el poder; se siente decepcionada y engañada por ambos, sin omitir que los demás partidos políticos tampoco son una opción razonable.

La justicia es el fundamento de la paz, la democracia y el desarrollo. Por tanto, cualquier acontecimiento que nos haga vislumbrar un asomo de justicia, por mínimo que sea, nos hace abrigar la esperanza de que algún día viviremos en un país justo, en el que todos tengamos los mismos derechos, las mismas obligaciones y las mismas oportunidades. Lo demás vendría por añadidura.

La tenue luz que se alcanza a ver al final del túnel no tiene color rojo ni azul ni naranja ni verde ni bicolor ni tricolor. No proviene del gobierno ni de la Asamblea Legislativa ni de los partidos políticos, sino precisamente de donde debe provenir: de las instituciones a quienes corresponde velar por que la justicia prevalezca por encima de todo, principalmente de la Sala de lo Constitucional y de la Fiscalía General de la República.

Como es de esperarse, quienes en alguna forma se ven afectados o amenazados por investigaciones de la Fiscalía o por resoluciones de la Sala de lo Constitucional no se han salido del mismo guion de siempre, limitándose a emitir juicios absurdos como “...se trata de una persecución política”; o “están siguiendo una agenda partidaria”; o “quieren que ARENA vuelva al poder”, como si la población estuviera encantada con los veinte años famosos.

Estas declaraciones de funcionarios o exfuncionarios cuyo desempeño y honestidad están en tela de juicio pretenden desacreditar la idoneidad y la honestidad de las instituciones mencionadas, con el objeto de restarles credibilidad para que, en caso de ser objeto de formal acusación por actividades reñidas con la ley, granjearse una opinión favorable de la población y de la administración de la justicia.

Quienes nos limitamos a tener simpatías por cierta tendencia política, pero que no somos monigotes ni formamos parte del voto duro de nadie; los que tenemos nuestra propia manera de pensar y no dejamos que otros piensen por nosotros; los que nos sentimos comprometidos con el país, con la justicia y por el bien común, tenemos la obligación moral de denunciar todo lo que esté torcido y defender todo lo que esté destinado a construir una nueva sociedad en la que reinen la justicia y el bien común.

Los salvadoreños comprometidos con la justicia deberíamos demostrar nuestro apoyo a la Sala de lo Constitucional y a la Fiscalía General de la República y exigir respeto para ellas, ya que están haciendo un buen trabajo a pesar de que algunos se empeñan en obstaculizarlo.

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  • acercamiento
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