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Hidalguía de Funes. Cogobierno universitario

PRESIDENTE CABALLEROSO. Alguien decía recientemente que en nuestra democracia la oposición entiende como su papel hacer imposible la vida al gobierno. Eso es un tanto verdadero en cualquier régimen pluralista, pero lo es de manera marcada en el nuestro. Las asociaciones de derecha y unas cuantas sin tinte partidario echaron rayos y centellas contra las reformas a la LAIP, sobre todo, y con razón, por el curulazo madrugador, que ya creíamos mastodonte extinguido en nuestro pleistoceno político.
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El presidente Funes, atendiendo al clamor de esos sectores y para reiterar su apego a la transparencia, vetó el decreto, en un gesto que le honra y su principal contendiente se apresuró a descalificar, diciendo que “la sociedad civil” le “torció el brazo”. Civil hubiera sido, por rabiosa que sea su oposición, reconocer el buen gesto del gobernante, sin necesidad de atribuirlo a la sociedad civil que, guardándoles el debido respeto a las entidades opinantes, especialmente a voces beneméritas como la Iglesia Católica, no son “la”, sino una parte de, la sociedad civil. Quizás estamos lejos todavía de que a hidalguía se corresponda con hidalguía.

COGOBIERNO UNIVERSITARIO. Artículos recientes dedicados a la reforma universitaria, el movimiento latinoamericano nacido en Córdoba, Argentina, en 1918, han atraído el favor, no solo de los que alcanzamos a participar en sus conquistas, sino en profesionales de hoy, a quienes les ha parecido interesante su trascendencia histórica.

Comencé recordando el art. 205 de la Constitución de 1950, coronación jurídica de las batallas reformistas, que consagra una de las más flameantes banderas de Córdoba, la autonomía de la Universidad, aunque no pudiendo abarcar completas las heroicas demandas de 1918, entre ellas el cogobierno.

Su mayor teorizante, autor entre otros del libro “Estudiantes y Gobierno Universitario”, una de las cumbres de mayor elevación en el pensamiento reformista, el argentino Gabriel del Mazo, plantea que se había instituido un tríptico Universidad-Política-Empresas, concertadas para el utilitarismo individual y la negación de los fines nacionales y sociales de la enseñanza superior, postulando a cambio la universidad como comunidad de sus miembros: profesores, estudiantes y graduados vinculados, de la cual surgiría su gobierno.

Un asomo de esa concepción comunitaria está, dije, en el decreto que creó la Universidad, y toma cuerpo en la Ley Orgánica y el Estatuto Orgánico de 1951 de la Universidad de El Salvador, que establecen como máxima autoridad la Asamblea General Universitaria, integrada en un tercio por cada uno de los representantes: de los estudiantes, de los profesores y de las asociaciones profesionales. ¿Cómo está esa comunidad hoy? planteé, es cuestión a exponer y juzgar.

Exponer no es difícil, a juzgar por la Ley de Educación Superior, su Reglamento y las universidades privadas en que he dado clases o he observado de cerca. La comunidad no existe. Ninguno de sus sectores, profesores, estudiantes o graduados tiene per se, por el hecho de ser tal, función alguna en el gobierno. En el Consejo de Educación Superior, hoy que tanto se habla de los derechos y el rol protagónico que debe asumir la juventud, nadie la representa. Los estudiantes de alguna manera debieran estar en los órganos de gobierno universitarios.

Hay normas que obligan a la constituir consejos asesores de las facultades, con participación estudiantil. Pero esos es poco. Y faltan por completo, hasta donde sepa, organismos que resuelvan conflictos por ejemplo entre estudiantes y autoridades o docentes, de estudiantes entre sí o con la administración.

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