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Horas cruciales

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Escritor y colaborador de LA PRENSA GRÁFICA

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Hemos llegado a la semana crucial que define la renovación de la Corte Suprema de Justicia para los próximos nueve años, y las especulaciones, otra vez, han terminado opacando la transparencia que tanto necesitaba este proceso. El paso positivo que dio la Asamblea haciendo públicas las entrevistas de los 30 aspirantes a ocupar una magistratura, en las últimas dos semanas se convirtió en un paso al costado, en el sentido que nos ha terminado llevando a las viejas negociaciones neblinosas y a puerta cerrada que ya conocíamos.

Desde la sociedad civil organizada hemos elogiado a los diputados por haber permitido a los ciudadanos acudir a las entrevistas de los abogados, pero esperábamos que la parte final de la selección fuera igualmente abierta, con un sistema de medición de idoneidad, competencias y moralidad que resultara práctico, mensurable y sencillo de aplicar. Solo el independiente Leonardo Bonilla pareció genuinamente interesado en empujar algo así. El resto de sus colegas, al menos en la subcomisión designada, no lo vieron importante o les faltó agallas para proponerlo, incluso por encima de los intereses que pudieran tener sus propios partidos.

Es obvio que la decisión final es política y pecaríamos de ingenuos pretendiendo que los distintos grupos parlamentarios soltaran las seguridades a las que están acostumbrados. Pese a todo, sí creíamos posible que la veeduría ciudadana alrededor del proceso, por inmediata y consistente –como nunca antes había sido–, convenciera a un número suficiente de legisladores de cambiar los malos hábitos para dirigirlos con más firmeza hacia su extinción.

No es tarde, sin embargo. Me consta que hay diputados, en más de una fracción, que están haciendo esfuerzos reales para convertir la presencia de las organizaciones civiles en un respaldo político clave hacia una negociación que goce de mayor transparencia. El éxito de esta “labor de zapa” contra la oscuridad dependerá de la habilidad con que el cabildeo se lleve a cabo, pero también de la alta capacidad negociadora con que se dote a cada delegado político, algo en lo cual se involucran –inútil negarlo– hasta los equipos de trabajo de los candidatos presidenciales.

Pese a las falencias que cabe señalar a los diputados evaluadores de la subcomisión, lo cierto es que las 30 entrevistas ya proveen de valioso material para enriquecer el diálogo interparlamentario. Quedó bastante claro, por ejemplo, quiénes de ninguna manera deberían figurar en la lista prioritaria de las diferentes fracciones, sea porque tienen manifiestos vínculos y afinidades partidarias, sea porque evidenciaron poca honestidad en sus respuestas, sea porque el breve interrogatorio sacó a la luz la escasa formación que les asiste en materia civil o constitucional.

En contraste, hubo al menos seis aspirantes que mostraron cualidades por encima de la media de sus colegas abogados, deslumbrando a la audiencia con sus vastos conocimientos y exhibiendo esa firmeza de carácter que requiere cualquier ejercicio jurisdiccional, al mismo tiempo que evitaron caer en miopías ideológicas e inflexibilidades torpes.

Como ya se ha dicho hasta la saciedad, llenar los zapatos que dejan los magistrados de la Sala de lo Constitucional es tarea compleja y ardua, incluso ingrata. Estos cuatro juristas dejaron tras de sí una estela de admiración y respeto como muy pocos han tenido antes o tendrán después. La democracia salvadoreña obtuvo con ellos un “seguro de vida” histórico, por cuanto se logró juntar a este grupo de valientes en días en que los ataques a la institucionalidad arreciaron de una manera particularmente rabiosa, con los presidentes de los otros dos órganos del Estado a la cabeza. Reemplazarlos será difícil, sí, mas no imposible. ¿Nos sorprenderán los señores diputados?

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