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Huellas que deben borrarse

Después de cuatro años y medio de presidir la Asamblea Legislativa, el FMLN trasladó la estafeta al partido GANA en la persona del licenciado Guillermo Gallegos.
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 A juzgar por lo que ha trascendido, desde hace bastante tiempo, este no llega a liderar al llamado primer Órgano del Estado, precedido de la imagen de un ser impoluto; más bien se le atribuyen formas de comportamiento que, cuando menos, riñen con la conducta ética que se espera de todos aquellos responsables de conducir los destinos de un país, especialmente en las circunstancias traumáticas, caóticas y de desesperanza por las que atravesamos los salvadoreños.

Pero dejando de lado cualquier conjetura sobre su comportamiento pasado, el señor Gallegos tiene la enorme tarea de limpiar la imagen del congreso, que desde siempre ha sido el blanco favorito de la crítica social, especialmente por su poco compromiso con los grandes objetivos nacionales, aun en los momentos más críticos. Tiene la ventaja comparativa de que sus antecesores convirtieron la Constitución en un papel mojado, como solía decir Schafik cuando ARENA hacía de las suyas, sin imaginarse que sus herederos políticos llegarían al extremo de utilizarla para fines higiénicos. Si el antecesor de doña Lorena incurrió en desacato, violó constantemente la Constitución, se sumó a los conatos dictatoriales del expresidente Funes, dilapidó los recursos a manos llenas; a esta última no se le conoció un solo paso para borrar las huellas del señor Reyes. Al contrario, las hizo más visibles como si su antecesor le hubiera dejado un prontuario para esos propósitos.

Curiosamente, ambos terminaron su mandato dejando deudas, como las elecciones de segundo grado y el abuso del crédito público, con la autorización fraudulenta para la emisión de los ya célebres $900 millones en bonos y la reforma de la ley FOP, para terminar por endosarle a la Sala de lo Constitucional hasta la crisis fiscal que agobia al país. Su deleznable actitud de inventarse hasta el más ruin de los argumentos para destituir a cuatro miembros de la Sala más bien ha servido para que la sociedad se percate de la responsabilidad que les corresponde en muchas de las desgracias que estamos sufriendo, ante las cuales las atrocidades cometidas durante los regímenes militares parecen juegos de niños.

En todo esto hay que reconocer que, al menos en sus primeras actuaciones, el nuevo presidente de la AL –acaso porque él mismo reconoce su cuota de responsabilidad, que no ha sido menor en el comportamiento poco edificante de los dos personajes que lo precedieron– hay un atisbo de cambio. Su acercamiento con la Corte Suprema de Justicia y las señales de austeridad no pueden ser obviadas, aunque nada se puede dar por garantizado en un país donde los negocios se confunden con las negociaciones, que sí son propias de un organismo como la AL. Y, en este caso, lo más preocupante es que la institucionalidad pueda seguir siendo atropellada con las elecciones de segundo grado, como parece que puede estarse gestando con la elección largamente postergada de las autoridades superiores de la Corte de Cuentas. Los persistentes ataques contra la Sala y los intentos de erosionar la credibilidad del fiscal general son un aviso de ello.

Entonces, puede asumirse que no cesarán los intentos del partido gobernante de hacerse del poder total, siguiendo el ejemplo de Venezuela y el de Nicaragua, donde, contra toda evidencia, altos funcionarios del gobierno, comenzando por el señor presidente y el secretario de desinformación, han catalogado las recientes elecciones como democráticamente ejemplarizantes. Claro, tuvieron como testigos de excepción a dos personajes que representan un verdadero orgullo nacional y que pueden hacer alarde de honestidad y de su compromiso con la democracia. Por lo demás, no nos queda otra opción que esperar que el nuevo presidente intente al menos borrar las huellas oscuras que han marcado el pasado reciente de la AL, comenzado justamente por su propia reivindicación.

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