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Impago, baja calificación y transparencia

En estos momentos, la opinión pública en El Salvador tiene enfocada su atención en el tema económico, específicamente en las cuentas del Estado y en la forma poco transparente en que se aprueban y se utilizan desde siempre. No es que otros problemas, como la inseguridad, sean menos apremiantes (todos los días tenemos noticias de homicidios, de robos y falta de seguridad en las colonias de las zonas urbanas de la capital y del interior del país), pero el estado actual fiscal es algo que ha trascendido de la esfera burocrática.
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La movida del Gobierno con el Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP) fue magistral: logró que tres partidos de oposición (GANA, PCN y PDC) que rechazaban utilizar los ahorros de los trabajadores para pagar la deuda del Estado dieran marcha atrás y votaran junto a la bancada del FMLN no solo para aplazar el pago de deuda con los fondos de pensiones, sino que se autorizó a cancelarle la obligación con “papeles”, una promesa de un pago futuro, es decir, pagar deuda con más deuda. Y por si eso fuera poco, en el mismo decreto se estableció que la medida no solo aplica por una vez, sino que es permanente.

Todo esto sucedió cuando el Gobierno (Ejecutivo y fracción legislativa) negociaba con ARENA los votos para emitir $1,200 millones para pagar las cuentas pendientes con proveedores del Estado. Pero como los tricolores tenían condiciones –como emitir esa deuda “por tramos”, no de una sola vez–, el Frente decidió que era “más seguro” esta nueva opción con la oposición, de la que ahora, dicho sea de paso, se “arrepiente” por no haber sabido qué era lo que estaba aprobando... (¿hay acaso algún ingenuo que se crea esto?).

Por más increíble que parezca, es el Gobierno mismo el que está difundiendo con mayor énfasis la tesis que está a un paso de declarar que no puede pagar sus préstamos y que por eso necesita más crédito para pagar sus cuentas pendientes. Pero la oposición lo rechaza debido a que no es congruente emitir más obligaciones cuando ya se ha demostrado no estar en condiciones de pagar las deudas actuales. Por eso no extraña que la calificadora de riesgo Standard & Poor’s le haya bajado la calificación al país, debido a la alta polarización del país.

Los funcionarios públicos deben saber que en esta época no pueden alegar ignorancia en lo que se refiere al manejo de fondos públicos. Por ese avance en la fiscalización del Estado que se ha dado en los últimos años es que hemos visto más servidores públicos procesados por irregularidades y enriquecimiento ilícito. No es algo nuevo, es una práctica que viene desde gobiernos anteriores, si no, veamos la última acción de la Corte Suprema de Justicia: ordenar investigar a Élmer Charlaix, exsecretario privado del expresidente Antonio Saca, por haber recibido fondos del Estado y por hacerlos llegar a cuentas del partido ARENA.

En esto estriba el interés actual en el manejo de la economía pública: no interesa solo que se le cuente hasta la última costilla al expresidente Mauricio Funes y a su círculo de allegados. Esto también es extensivo a los presidentes que le antecedieron, pero también a todos los órganos del Estado (Legislativo y Judicial incluidos), además de alcaldías y descentralizadas.

La transparencia en la administración pública es un derecho ciudadano. Es obligación de los funcionarios que se cumpla.

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