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Impiden un acuerdo fiscal la ideologización y corrupción del FMLN

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La concepción socialista de la economía salvadoreña y, sobre todo, la corrupción gubernamental que esta oculta, impiden un acuerdo interpartidario sobre la grave crisis económica que sufre El Salvador. La inflexibilidad gubernamental en cuanto a la vigencia de un esquema de gastos ilimitados y no regulados, regidos por el asistencialismo y enfocados a una estructura electoral cautiva, impiden la aplicación de los principios de “buen gobierno” y equilibrio fiscal, que recomiendan el FMI, la comunidad internacional y la lógica fiscal.

Tiene muy claro la oposición, que es necesario evitar la insolvencia y por ello, no niega sus votos, así como no los niega para las medidas dolorosas, de un incremento en ciertos impuestos, para el necesario equilibrio de la economía pública; sin embargo, también está consciente de que tales medidas son completamente ineficaces y contraproducentes, si con ellas se aumenta el gasto público con fines ideológicos y sufraga la preparación electoral del oficialismo, para 2018 y 2019; sobre todo, con un presupuesto de $93 millones, superior al del año anterior y que omite obligaciones, por $1,146 millones.

Hasta el momento el Gobierno ha creído que puede burlarse de las recomendaciones de austeridad y responsabilidad fiscal, señaladas por el FMI. Con tal fin ha sido creado el Fidecomiso que expropia dinero de las pensiones. Procurando también derribar el último control jurisdiccional: la Sala de lo Constitucional. Prepara, por otra parte, a sus bases para el ejercicio de la fuerza y mantenerlas así cohesionadas y es porque el FMLN no ha cambiado aún su enfoque de insurgencia política.

Causa es de la corrupción generalizada la nula transparencia en el manejo de los fondos públicos, las licitaciones otorgadas a empresas relacionadas con el Gobierno, las concesiones supeditadas al beneficio del funcionario, las ventas a bajísimo precio de los bienes del IPSFA, INPEP e ISSS, para negocios privados. Planéase la entrega de los bienes de PROCAFE al ALBA, para parcelaciones de viviendas de alto perfil en los terrenos de experimentación cafetalera.

Esta corrupción se mantiene: ofreciendo más subsidios a grupos que pueden dar apoyo electoral y a grupos poblacionales en las alcaldías de la oposición. Las únicas alcaldías afectadas con el congelamiento de los fondos FODES son las de la oposición; la poca liquidez recíbenla las alcaldías oficialistas; creándose así una crisis municipal que el Ministerio de Medio Ambiente y Gobernación señalará como falta de capacidad administrativa, y que será subsanada por el gobierno central.

El debate sobre la despenalización del aborto es solo un distractor en la política nacional. Es un respiro a los continuos señalamientos contra la mala administración del Gobierno. Con este respiro político, se busca poder iniciar la segunda etapa en la estrategia económica del Gobierno: el aislamiento monetario para controlar la economía nacional: consiste en la vuelta al colón y además, si interpretamos las últimas declaraciones del presidente del BCR, en el cual el descalabro financiero presente se remonta a los años noventa, debemos prever una de-privatización bancaria en el caso de que esta no ceda a las pretensiones actuales del Gobierno.

La recuperación económica, con una economía global en contracción, es posible solo con una radical apertura económica al libre comercio, con incentivos fiscales y, sobre todo, con estabilidad política y social. La comunidad internacional ve que El Salvador es en realidad una bomba de tiempo social, capaz de contaminar el área y de forzar a una emigración masiva y, a todo lo cual, nos está llevando la política asistencialista y corrupta del FMLN.

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