Impunidad y corrupción

Un estudio de la Universidad de las Américas, con sede en Puebla, concluye que México es el segundo país con mayor impunidad en el mundo: el 99 % de los delitos no tiene castigo. De nada sirve aumentar penas con esos niveles de impunidad, que son la mejor invitación para delinquir.
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La impunidad es regla entre funcionarios públicos de alto nivel, como los gobernadores, donde los actos de corrupción y desvíos de recursos quedan impunes, y más cuando se trata de gobernadores del actual partido en el poder. La frase “no hay pruebas” se vuelve la mejor defensa de los altos funcionarios corruptos, y no las hay porque no las buscan jueces del poder judicial, como sí lo hacen en Brasil, ni procuradurías del ejecutivo, ni legisladores federales, argumentado que no tienen competencia.

Es vergonzoso para los mexicanos que los actos de corrupción en varios gobiernos estatales sean investigados en el extranjero, mientras las autoridades mexicanas guardan silencio, que manifiesta complicidad. En EUA hay expedientes abiertos contra exgobernadores de varios estados, ente ellos de Coahuila, Tamaulipas y Veracruz. Pero esas acusaciones son desestimadas por las autoridades mexicanas. El caso más vergonzoso es el de un exgobernador de Coahuila, a cuyo exsecretario de finanzas lo acusa la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) por lavado de dinero. En México hay documentos que prueban que en la anterior administración estatal de Coahuila falsificaron documentos para endeudarse indebidamente. Pero como el ex “gober” fue presidente del partido en el poder, no se le investiga y con recursos de los impuestos lo premiaron vía SNTE con una beca para que “dizque” estudiara en España, le dieron una pensión cercana a los 40,000 pesos como profesor, aunque solo dio un año de clases, y le envió el gobierno –según el diario El País– los mejores abogados para sacarlo de la cárcel en España.

La ASF en diversas auditorías ha detectado irregularidades, desvíos y opacidad en el destino de miles de millones en los gastos de varios gobernadores, pero como les manda los resultados a las autoridades o legisladores estatales del mismo equipo del gobernador responsable, entierran esas auditorías. El resultado, impunidad total por parte del gobierno federal a gobernadores de su mismo partido, y todo el peso de la ley a los de otros.

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