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Sandra de Barraza

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Cuesta que los representantes del pueblo entero, sentados en la Asamblea Legislativa, cumplan las expectativas, en tiempo y contenido, de su cargo. Leyes aprobadas, muchas sin viabilidad alguna, son inspiración para prórrogas y más prórrogas. Mientras, muchas leyes vigentes se mantienen sin revisión y en contradicción permanente. Peor aún, los requerimientos de la Sala de lo Constitucional para reparar a las víctimas del conflicto armado parece que no se cumplen a cabalidad.

En la Asamblea Legislativa se aprobó la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional con ocho meses de retraso. Hace 44 meses, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía aprobada en 1993. Quedó claro que los crímenes de lesa humanidad no prescriben en nuestro país. Quedó claro que debe investigarse la verdad y reparar a las víctimas del conflicto que duró 12 años. Y quedó claro que la ley debe responder al derecho internacional sobre el tema.

El mandato de la Sala de lo Constitucional fue elaborar una nueva Ley de Reconciliación Nacional que garantice la verdad, la justicia y las reparaciones; una nueva ley que garantice que esos delitos no se repitan. ¿Cumple el proyecto aprobado con estos requisitos mínimos establecidos por la Sala?

Pregunto porque el presidente de la República vetó la ley argumentando que fomenta la impunidad y, entre otros, que establece plazos para hacer investigaciones que la Fiscalía General de la República es incapaz de cumplir.

La Fiscalía General de la República, institución responsable de la defensa de los intereses del Estado y la sociedad, es incapaz de cumplir con los requerimientos de esa ley y de muchas otras, porque carece del presupuesto necesario para brillar. Y no brilla porque ¿hay intereses particulares que prevalecen sobre el interés nacional? ¡Quién sabe! Lo cierto es que públicamente es conocida su limitación presupuestaria y la indiferencia de los Órganos del Estado es y ha sido evidente. El compromiso del Ó. Ejecutivo de erradicar la impunidad ¿se traducirá en el fortalecimiento presupuestario a la Fiscalía? Pregunto porque si se identifica el problema, es obligado darle solución.

Además, debe reconocerse que la verdad y la reparación a las víctimas demanda conocer, y que para conocer, debe investigarse. Sin investigación es imposible identificar, dimensionar y reparar daños a las víctimas. Esconder archivos militares, argumentando secreto de Estado, ha sido la práctica militar, esto ¿fomenta la impunidad? Esto debe preguntarse porque una y otra vez, los ministros de Defensa han tomado medidas para mantener con candado y bajo seguridad los archivos militares. No dan acceso a las bitácoras militares porque no quieren que nadie sepa sobre los operativos, y sus consecuencias. La información sobre los operativos militares está en manos de la Fuerza Armada. La Sala de lo Constitucional ordenó al Órgano Ejecutivo emitir normativa para dar acceso a ellos. ¿Está lista? ¿Seguirá dilatándose esta exigencia?

En un entorno de militarización de nuestra sociedad y el Estado, debe identificarse inconformidades con la ley vetada. Al inicio de la gestión de este presidente, a muchos civiles sorprendió la decisión de retirar del cuartel militar de San Miguel el nombre del coronel Domingo Monterrosa, ese coronel a quien la Comisión de la Verdad señaló como responsable de la matanza de El Mozote en 1981. Según información pública, en ese operativo del Batallón Atlacatl, murieron casi 1,000 salvadoreños. El responsable de ese batallón fue precisamente el coronel Domingo Monterrosa. Seguramente esa decisión también sorprendió a militares. Se preguntarían ¿finalizó la impunidad?

¿Son coherentes y consistentes los argumentos para vetar la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional? Pregunto porque reparar a las víctimas y superar la impunidad de los victimarios obliga a abrir los archivos militares. Las aspiraciones de verdad, de justicia, de reparación y de no repetición tienen como fuente de información archivos que están en manos de la Fuerza Armada. ¿La Presidencia de la República ordenará por tuit abrirlos a la Fiscalía? ¿A los afectados? ¿A la opinión pública?

Inconformidades que se traducen en preguntas. Preguntas que necesitan respuesta para efectivamente reparar a las víctimas y asegurar que la historia no se repita, ¿será posible?

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