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Inconstitucionalidad por omisión en elegir CNJ

Los artículos 131 ord. 19º y 187 inciso 3º de la Constitución dicen que le corresponde a la Asamblea Legislativa elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).
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El 22 de septiembre de 2015 venció el plazo para que la Asamblea eligiera a cinco de los siete miembros del CNJ. El próximo miércoles se cumple 1 año sin que se haya hecho tal elección. De manera que los 84 diputados de la Asamblea Legislativa en unos pocos días cumplirían un año violando la obligación constitucional sin que parezca que les importa.

Ante ello, el CEJ junto con FUSADES, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, presentamos una demanda de inconstitucionalidad contra la Asamblea Legislativa. Sostuvimos que la inactividad de la Asamblea Legislativa violaba esas disposiciones constitucionales.

Como el reclamo no es contra una norma en particular, sino contra la inactividad del parlamento, a ese tipo de pretensión se le denomina inconstitucionalidad por omisión. Demandas de esa naturaleza ya han sido resueltas por la Sala de lo Constitucional (e. g. inconstitucionalidad 65-2012/36-2014). Por ello optamos por activar esa vía institucional para, desde la ciudadanía, intentar corregir el yerro que desde el Salón Azul afecta a toda la república.

La semana pasada, la Sala de lo Constitucional admitió nuestra demanda. Ahora la Asamblea Legislativa deberá presentar sus argumentos de defensa ante el tribunal y, luego de ello, la Sala de lo Constitucional emitirá la sentencia. Si en ella acoge nuestros argumentos, el tribunal declarará la inconstitucionalidad, y deberá adoptar medidas para reencauzar el orden constitucional.

El retraso de la Asamblea Legislativa en elegir funcionarios es algo que ocurre desde hace varios años, y cada vez con más frecuencia y menos remordimiento. No se trata de una irregularidad menor. Con esa reprochable costumbre parlamentaria, los diputados impiden que los principales organismos del Estado cumplan plenamente con sus funciones. Y eso nos afecta a todos.

En este caso la omisión de elegir a los miembros del CNJ tiene una gravedad particular. A los nuevos miembros del CNJ les corresponderá elegir a 15 de los 30 candidatos de entre los cuales se elegirá a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional y a uno de otra de las salas de la Corte Suprema de Justicia. Todo ello ocurrirá en 2018.

En los últimos años, la justicia constitucional ha adquirido mayor relevancia en el juego democrático. El significativo incremento de demandas de inconstitucionalidad y de amparo indica que los ciudadanos ahora confían más en la Sala de lo Constitucional, y se abocan a ella para defender sus derechos. De manera que cuando los 84 diputados entorpecen el funcionamiento del CNJ, de manera mediata afectan una decisión estratégica para la república en 2018.

Pero otro motivo que nos impulsó a presentar esta demanda es sentar un precedente para futuras elecciones de funcionarios de segundo grado. Preguntémonos ¿qué pasaría si en 2018 la Asamblea Legislativa retrasa 11 meses la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional? El efecto de ello será dejar a la república sin justicia constitucional. Con ello la Asamblea Legislativa puede aprobar cualquier norma, y, por más burda que sea su transgresión constitucional, no habrá cuórum suficiente en la Sala para controlarla.

El problema se agrava pues un año después, en 2019, habrá una elección presidencial. Cualquier cambio en las reglas electorales que sea manifiestamente lesivo a la Constitución podría hacerse efectivo, pues no habría tribunal constitucional que lo controle.

De ahí que es esencial que la sentencia que la Sala emita en este caso adopte medidas concretas que eviten que en 2018 los 84 diputados de la Asamblea provoquen daños al orden constitucional que pueden, incluso, ser irreversibles.

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