Indebidas presiones al fiscal

En el contexto de la elección del actual fiscal general, insistíamos en nuestro llamado para que se eligiera a una persona que pudiera mantenerse independiente frente a otros poderes formales y fácticos; sobre todo porque se trata de un cargo en el que se tienen que adoptar decisiones que pueden afectar la vida, la integridad, el acceso a la justicia y hasta la intimidad y la reputación de muchos ciudadanos.
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Fuimos claros en señalar que siendo la Fiscalía una pieza clave del funcionamiento del sistema de justicia, debía ser dirigida con independencia de las más variadas formas de influencia de otros poderes del Estado, de los partidos políticos y poderes económicos.

Una vez realizada la elección, fueron recurrentes los elogios que a sí mismos se dieron los electores, vanagloriándose por haber designado a una persona que –como ellos lo afirmaban– podría dirigir la institución con criterio y absoluta independencia. Otro tanto ocurrió con algunos líderes políticos, empresariales y formadores de opinión, quienes enarbolando la misma bandera de la independencia pedían confianza en la institucionalidad y respeto para que el fiscal electo pudiera hacer su trabajo.

Ahora, sin embargo, parece que esto ha quedado atrás. En una reprochable exhibición de fortaleza, se monta hace unos días todo un espectáculo intimidatorio, con el divulgado propósito de evitar el inicio de un juicio que incomodaría al actual alcalde de San Salvador y al partido político que lo propuso.

Dejando de lado la mayor o menor relevancia que puedan tener los hechos denunciados, y sin hacer consideraciones sobre el mérito de las investigaciones efectuadas, lo cierto es que esto constituye una afrenta directa a la independencia que se decía perseguir y un total irrespeto a la institución. Se mire por donde se mire, es una indebida presión que se intenta ejercer sobre la Fiscalía General.

Aún más grave es el hecho de que haya sido el mismo fiscal general quien públicamente denunciara la existencia de presiones a las que se está viendo sometido. De acuerdo con sus declaraciones, las investigaciones conducidas por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, tanto las que ya han desembocado en el inicio de juicios por enriquecimiento ilícito, como las que puedan hacerlo en el futuro, están generando presiones que entorpecen su trabajo.

Esto es todavía más grave porque estamos hablando del posible cometimiento de ilicitudes que, de existir, han sido capaces de afectarnos a todos los salvadoreños. De ser ciertas, han significado un descarado robo a todos los ciudadanos que confiamos en una administración proba.

Si reprochamos la parafernalia exhibida frente a la Fiscalía como medio de defensa, mucho más reprochamos que se esté ejerciendo presión por parte de individuos o grupúsculos de poder que puedan estar temerosos por los resultados que ya estamos viendo en materia de probidad; no es esa la manera de ejercer el legítimo derecho de defensa ni de invocar el consabido principio de inocencia.

Tales presiones deben ser ignoradas por el fiscal general, quien únicamente debe sujetarse y sentirse presionado por lo que establece la Constitución y las leyes de la República, persiguiendo el delito sin importar su origen.

Y si de los resultados de las actividades realizadas en la Sección de Probidad resultan indicios de ilícitos penales, exhortamos al fiscal general a que sea proactivo, y que de manera oficiosa inicie las investigaciones respectivas; sin importar el rango o vínculos que esos potenciales investigados tengan o hayan tenido. Nosotros apoyaremos su esfuerzo.

Preocupa que el fiscal esté recibiendo presiones, pero alienta que las haya denunciado y que exija que le dejen hacer su trabajo. Nos sumamos a esa exigencia: a quienes les gusta presionar públicamente y a quienes les gusta hacerlo bajo la mesa... dejen que la Fiscalía haga su trabajo.

Tags:

  • institucionalidad
  • enriquecimiento ilicito
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  • constitucion

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