Indisciplina y beligerancia

La reciente protesta frente a Casa Presidencial de 500 policías y, hace unos meses, la de unos pocos soldados y clases son dos hechos separados entre sí, pero con causa común: el descontento.
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Y si además vemos indisciplina en dos entidades no deliberantes protestando contra el Gobierno y, por otro lado, surge una fuerza beligerante numéricamente superior al poder último del Estado (Fuerza Armada y PNC), comprobamos que la situación se perfila muy mal, para la estabilidad nacional y regional.

Un origen común tienen las protestas militares y policiales: promesas del Ejecutivo incumplidas, bonos, horas extras, equipo adecuado, seguridad personal, etc., pero sobre todo son causa la relajación de la disciplina y la no creación del espíritu de cuerpo, faltando así la cohesión necesaria, para su pleno funcionamiento, como las dos únicas entidades facultadas en El Salvador para el ejercicio lícito de la fuerza.

El cambio de doctrina en la Fuerza Armada y la estructuración civil de la Policía dan hoy sus frutos, demostrando su falla, en momentos de gran tensión social. La “democratización”, tanto de la Fuerza Armada, como de la Policía, ha debilitado a ambas instituciones: el origen de los cambios fue prevenir un mal ya desaparecido: la utilización política de las instituciones armadas. En nuestro país, desde 1979, el poder armado siempre estuvo bajo la autoridad civil y el combate a la insurgencia fue, de hecho, el combate a fuerzas externas, en un conflicto nacional internacionalizado.

Sin embargo, no podemos condenar a los militares y policías por su indisciplina, ya sea por propia iniciativa o por ajena instigación, pues ellos por su deficiente formación actuaron respondiendo a sus necesidades personales, que les impidió tener una conducta diferente. La disciplina nace del ejercicio constante del espíritu de cuerpo y la sujeción al mando superior. Si las jefaturas y los mandos medios fallan, igualmente fallarán los clases y la tropa.

Lo crítico es que se identifique ya el poder de las pandillas como “fuerzas político-militar” y su legitimidad se atribuya a ser “muchachos periféricos marginados”, como se dijo en un análisis político, transmitido en la radio 92.5 FM. Entonces tenemos contra el Estado una fuerza en ascenso y, en mengua, la autoridad del Estado.

Algunos de los firmantes de los Acuerdos de Paz dijeron que ya era necesario celebrar otros Acuerdos de Paz, ¿pero serían estos, entre la sociedad y el Gobierno? Al final serían un pacto entre el Estado mismo y no tendrían más importancia que una reconsideración de las políticas de Gobierno. ¿O serían entre el Estado y las pandillas? Las pandillas son una fuerza extra sistema, que no actúa solo por sus intereses, sino que responde también a las fuerzas del crimen organizado internacional. Los Acuerdos de Paz se firmaron hasta que las fuerzas abastecedoras de nuestro conflicto: Estados Unidos y la Unión Soviética llegaron al acuerdo de acabar con el conflicto centroamericano y cada uno presionó para desabastecer sus estructuras bélicas para que estas, por sí solas, se extinguieran en Nicaragua, Guatemala y El Salvador, obligando a los beligerantes a Acuerdos de Paz.

Si hay un imposible fáctico es el hecho de que el narcotráfico esté dispuesto a abandonar el paso por El Salvador, pues para el efecto de su negocio llevar la droga a los Estados Unidos le es indispensable.

Débese descartar cualquier intento de pacto con las pandillas, pues significa pactar también con el narcotráfico internacional, lo que plantea una colisión más desventajosa para el Estado, pues el crecimiento de las pandillas deteriora todo el sistema, evitando que se produzcan recursos para el sostenimiento del Estado y su defensa y, si el Estado exige más impuestos, deteriora aún más rápido el sistema que le alimenta.

Cuando se ha perdido la capacidad de organización interna, de producción y de defensa, se está ante el peligro de un Estado fallido. El erróneo enfoque de las causas de la delincuencia rompe con la entelequia nacional y solo son la cotidiana gestión administrativa y el reconocimiento internacional los que aseguran nuestra existencia como país independiente y soberano, condiciones que también peligran, cuando amenaza la estabilidad regional, la migración descontrolada y la expansión del crimen organizado salvadoreño, en concordancia con el narcotráfico internacional.

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