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Infinidad de salvadoreños están a la deriva por el auge de la violencia en el país

Estamos ya muy lejos de lo que es la lucha contra la delincuencia común: hoy lo que existe es un desafío estructural del más amplio espectro, y la toma de territorios en forma claramente delimitada es una prueba de ello.
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La vida en las comunidades del país se ha ido volviendo cada vez más insegura e imprevisible, por múltiples factores que se hacen presentes en el terreno. Esto es una realidad que no puede ser ocultada o disimulada de manera convincente porque los datos concretos están a la vista. Aunque las estadísticas se manejen con astucia o con oportunismo, los hechos no se pueden ocultar; y lo que la gente vive en el día a día es un juego de ansiedades por lo que pueda ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar, aun en los menos esperados. Para el caso, los asaltos a restaurantes en la ciudad capital grafican la evidencia de que la criminalidad no tiene reparos ni límites; y esto tendría que ser tomado en cuenta de manera sincera y responsable.

Los desplazamientos de pobladores por amenazas directas o por temor a cualquier forma de ataque se mantienen presentes, sin que hasta la fecha haya habido una estrategia desplegada para contrarrestar dicho fenómeno. Y en el reciente informe que rindiera al respecto la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se hace ver que de cada 10 desplazamientos que se producen en esas condiciones sólo 3 son denunciados a las autoridades. Es claro que el temor a las represalias criminales es más fuerte que la confianza en la efectividad de las autoridades para proteger a la población victimizada. Y esto debería ser un punto merecedor de la máxima atención, porque lo que se está poniendo en evidencia es cómo está el juego de poderes en el terreno.

Desde hace ya bastante tiempo, el accionar criminal, y muy particularmente el de las pandillas extendidas por todo el territorio, está en plan de control avasallador en todos los espacios posibles. Aquí lo que hay es una lucha abierta y cotidiana entre la autoridad legal y las fuerzas delincuenciales que buscan posicionarse como la autoridad verdadera. Estamos ya muy lejos de lo que es la lucha contra la delincuencia común: hoy lo que existe es un desafío estructural del más amplio espectro, y la toma de territorios en forma claramente delimitada es una prueba de ello.

Como venimos reiterando de modo constante, porque los hechos y sus consecuencias así lo demandan, lo que en el país estamos necesitando con urgencia y casi a gritos es la puesta en acción de un plan estratégico de lucha abierta y a fondo contra la criminalidad en todas sus expresiones, que son cada vez más audaces, agresivas y sofisticadas. Ya está visto y comprobado hasta el colmo de la evidencia que las medidas parciales no son capaces de responder a las demandas que el mismo fenómeno presenta. Y lo más grave e incomprensible es que por ninguna parte aparecen las señales capaces de indicar que se va a hacer el trabajo definitivo que se requiere. Hay información de sobra y hay experiencias acumuladas en cantidades industriales. Entonces surge la pregunta: ¿Qué estamos esperando para tomar acción de veras? Y la respuesta tendría que ser inmediata y contundente.

La población clama y gime por recibir insumos de confianza por parte de las entidades institucionales responsables de la seguridad, de la tranquilidad y de la normalidad. Esa confianza sólo puede surgir de las políticas correctas y suficientes, que no se queden en intentos coyunturales, que en definitiva no sólo no llevan a nada sino que le dan al crimen más impulso en sus propósitos desestructuradores y destructivos.

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