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Infraestructura Social y Asocios Público-Privados

La Ley Especial de Asocios Público-Privados (LEAPP) de mayo de 2013, prohibía en su Art. 3 el desarrollo de proyectos APP en los "sectores de salud, seguridad social, incluyendo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, seguridad pública, justicia en lo referente a custodia, rehabilitación y trabajo penitenciario de internos, agua, educación, incluyendo la Universidad de El Salvador.".

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Carlos Sánchez - Director EY Infrastructure Transaction Advisory Services

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Independientemente de los factores que llevaron a esta decisión legislativa, en enero de 2018 entró en vigencia la reforma al citado artículo, lo que permite llevar a cabo proyectos en los sectores mencionados, tradicionalmente conocidos como infraestructura social. Así, el actual artículo 3 de la LEAPP permite que el privado financie, diseñe construya y mantenga infraestructura hospitalaria, educativa, penitenciaria y de saneamiento de aguas residuales. Si bien en este ámbito hay mucho qué decir, me limito a describir tres características del desarrollo de este tipo de APPs:

1. No equivale a privatizar el servicio: el artículo 3 es muy claro en que los servicios de salud, educación, seguridad pública e hídrico debe seguir siendo prestados por el Estado. Lo que realiza el privado es todo lo referente al financiamiento del proyecto, su construcción y posterior mantenimiento en el largo plazo. Es decir, el privado mantiene en condiciones óptimas -y dignas para la población- el bien estatal, pero jamás sustituye al Estado en la prestación del servicio público. Por ejemplo, en el caso de un hospital, el estado provee los médicos, enfermeras, y mantiene bajo su control el servicio; en su caso, el privado construye con sus fondos el bien y posteriormente está obligado a que esa construcción (y de ser posible su equipamiento) se mantenga a largo plazo en las mismas condiciones de calidad en que fue construida.

2. Ordena el gasto público social en el largo plazo: los APPs en sectores sociales típicamente reciben sus ingresos principales de aportes estatales, con la diferencia que estos llevan ligado no solo el repago por la construcción y equipamiento del bien, sino también la obligación de pago por el mantenimiento de este en el largo plazo (15, 20,25 años). Esto significa que el Estado, está contractualmente obligado a generar pagos para mantenimiento de esa infraestructura; evitando las usuales complicaciones que se tienen cuando se construye un bien y en el corto plazo su deterioro es evidente, pues la administración pública decide redirigir el gasto hacia otras áreas.

Por ejemplo, en un APP de una red de centros educativos, el Estado deberá pagar periódicamente (y así lo asignará en su presupuesto) la construcción, así como el mantenimiento. Después de veinte años, las escuelas lucirán prácticamente igual que cuando fueran construidas (evidentemente esto pasa por un esquema adecuado de supervisión estatal).

3. El ciclo de desarrollo del proyecto no necesariamente es tan largo como el del préstamo: en este punto no afirmo que todos los proyectos deban ejecutarse por la vía APP, hay proyectos que por razones técnicas deban desarrollarse mediante modalidad de obra pública tradicional financiada con crédito otorgado al Estado; no obstante, la experiencia es clara en que no es cierto que el desarrollo del proyecto en este sentido pueda ser estructurado y llevado a la realidad en menor tiempo. El caso del Hospital Nacional Rosales es un evidente ejemplo de ello. En otra columna explicaré con mayor detalle este punto.

Tags:

  • Asocios Público-Privados

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