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Iniciaremos 2017 sin Presupuesto General aprobado y con más dificultades para promover inversión e impulsar desarrollo

Hubo tiempo suficiente para entenderse en la línea de los ajustes que hicieran posible que el Presupuesto fuera sincero y suficiente; pero no se logró acuerdo, y ahora, independientemente de lo que se pueda argumentar para sostener posiciones, el país vuelve a sufrir las consecuencias de la falta de entendimiento político.
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Está por concluir el año y la Asamblea Legislativa no logró la suma suficiente de votos para aprobar por mayoría simple el Presupuesto General del Estado correspondiente a 2017. Esto implica que el Presupuesto de 2016 continuará vigente, con las limitaciones que eso trae consigo. Este retraso hará, sin duda, que la inversión pública tenga más trabas para concretarse en el terreno, en un momento en que lo que el país está necesitando son impulsos decisivos hacia el desarrollo desde todos los ángulos posibles. La discusión presupuestaria viene de lejos, porque el punto de la sinceración en este tema ya no se puede dejar de lado, como efecto natural de estar entrando en una etapa en que la transparencia se vuelve requisito de gobernabilidad.

Los Presupuestos desfinanciados se volvieron lo común desde hace bastante tiempo, y esa distorsión acarrea otras distorsiones, como se ha visto constantemente en el decurso de la función presupuestaria. Es hora de eliminar dicha práctica viciosa que trae consigo tantos rechazos e insatisfacciones en el ambiente, y por eso ahora ya nadie quiere acompañar políticamente la aprobación de Presupuestos falseados de entrada.

La oposición manifestó, desde un inicio, que no aprobaría el proyecto de Presupuesto presentado por el Gobierno si no se le hacían los ajustes necesarios para que se incluyeran en el mismo todas las erogaciones que tienen que hacerse conforme a compromisos legales como el pago del FODES, las pensiones y los escalafones. Hubo tiempo suficiente para entenderse en la línea de los ajustes que hicieran posible que el Presupuesto fuera sincero y suficiente; pero no se logró acuerdo, y ahora, independientemente de lo que se pueda argumentar para sostener posiciones, el país vuelve a sufrir las consecuencias de la falta de entendimiento político.

La mejor prueba de que se quiere sostener la vigencia de la distorsión presupuestaria es el empecinamiento en dejar las cosas como están, sin intentar en serio hacer los reajustes que pondrían las cosas en su verdadera dimensión real. Y es que el trastorno de base es la tendencia obsesiva a gastar más de lo que en realidad se tiene, lo cual –como está comprobado hasta la saciedad en todas partes– conduce inevitablemente a entrampamientos sin salida. Por eso se acude cada vez más al endeudamiento, que es una trampa en sí cuando no se utiliza como motor sino como salvavidas. Este último viene siendo cada vez más el caso en la economía pública salvadoreña, de ahí que haya crecientes expresiones de crisis.

No es de extrañar entonces que, pese a que hay algunos signos positivos de cara a lo que viene, la opinión ciudadana se mantenga en actitud desconfiada, como lo muestra la más reciente encuesta económica llevada a cabo por LPG Datos. En ésta, el 84% de los encuestados opina que la economía nacional actualmente está mal y el 69.2% considera que está peor que el año pasado; y en cuanto a la perspectiva de 2017, el 56.9% augura que seguirá en declive. Es urgente, pues, hacer esfuerzos eficaces y creíbles no sólo para detener los deterioros sino sobre todo para afianzar las posibilidades de salir de veras adelante.

El estancamiento presupuestario es una mala noticia para el país. Hay que sanear esta cuestión, haciendo lo necesario para ya no continuar en las prácticas distorsionadoras. Que la sinceridad y la transparencia se impongan.

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  • presupuesto 2017
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