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Iniciativa de ley para el TSE

Una reforma que fortalecería al Tribunal Supremo Electoral (TSE) sería concederle capacidad constitucional para presentar proyectos de ley en materia electoral.
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Iniciativa de ley para el TSE

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Esa facultad conocida como iniciativa de ley es el primer paso del proceso de formación de las leyes en la Asamblea Legislativa (AL). Hoy tienen esa facultad los sujetos que expresamente señala el artículo 133 de la Constitución: los diputados; el presidente de la República por medio de sus ministros; la Corte Suprema de Justicia en materia de su competencia; los concejos municipales en materia de impuestos municipales; y el Parlamento Centroamericano y los diputados de nuestro país en dicho organismo, en materia de integración.

En la región centroamericana, las autoridades electorales de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá gozan de la referida atribución constitucional. Esa prerrogativa constituye una herramienta provechosa para la independencia institucional. Utilizada correctamente, es un factor de confianza que neutraliza la tendencia perversa de convertir a las autoridades electorales en “cajas de resonancia” de las fracciones políticas representadas en la AL.

Las reformas constitucionales derivadas de los Acuerdos de Paz imprimieron al TSE la característica de un órgano constitucional y máxima autoridad en materia electoral. Lo anterior presenta una justificación más que suficiente para reconocerle como un sujeto calificado de producir iniciativas de ley. Pero no ha sido así.

Por otro lado, en años anteriores la experiencia de colaboración en crear normas electorales transmite un deplorable estado en las relaciones AL-TSE. Ha privado un distanciamiento aun para consultas básicas, y de examinar en conjunto instrumentos jurídicos tan importantes como un Código Electoral (2013) y una Ley de Partidos Políticos (2013), sin mencionar otras reformas fundamentales que se han puesto en funcionamiento en el sistema electoral, como por ejemplo los concejos municipales plurales y la cuota de género. Después han sobrevenido las incongruencias y dificultades en la aplicación de la ley, y con ello reformas, y hasta reforma de reformas.

A nivel técnico, estimo que el TSE está enterado de las principales falencias del sistema electoral del país. Los magistrados y el personal involucrado en las diferentes fases del proceso electoral, conocen –después de la experiencia en las elecciones 2015– las medidas convenientes para incorporarlas en nuestro ordenamiento jurídico y así desarrollar futuros procesos electorales con un mejor respeto a los derechos políticos de los ciudadanos, y una participación más equitativa y democrática entre los partidos políticos contendientes.

En nuestra cultura política, no hay un contenido que despierta más prejuicios en la interpretación que los asuntos electorales. Para muestra un botón: en los momentos más apremiantes de las elecciones 2015, la mayoría de las fracciones políticas representadas en la AL se declararon incapaces de regular normativamente el voto cruzado. Esta y otras reformas pueden elaborarse en primera instancia con un criterio predominantemente técnico, y la institución responsable de esa etapa vital debe ser el TSE. Después vendría el debate político entre los diputados, donde los argumentos vertidos deberán justificar la modificación, la aprobación o el rechazo del proyecto de ley.

Conceder al TSE la facultad constitucional de presentar iniciativas de ley en materia electoral a la AL necesita una reforma constitucional. Requiere por lo tanto un primer acuerdo de aprobación de la legislatura 2015-2018, y posteriormente la ratificación de la próxima legislatura 2018-2021. Esa primera aprobación constituiría desde ya un mensaje auténtico de una nueva relación interinstitucional, la cual facilitaría caminar sin tropiezos en la modernización del sistema electoral y en el cumplimiento efectivo de las funciones del TSE. Demos muestras reales en aceptar los avances del modelo constitucional del Estado Democrático de Derecho.

Tags:

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