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Inquietante denuncia sobre las pandillas y el gobierno tendrá sus consecuencias

¿El reinstalo de las negociaciones con esos grupos significa que la legalidad institucional y el accionar de la fuerza pública no bastaban para controlar los homicidios? ¿Negociar con los líderes se traduce en verdaderos beneficios para los salvadoreños que componen esos grupos o son sólo prebendas para la vertiente criminal de esos barrios?

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Experiencia. German Arriaza era el jefe de la unidad que investigaba actos de corrupción y Rodolfo Delgado lo separó del cargo debido a que tenían en la mira a funcionarios actuales.

Experiencia. German Arriaza era el jefe de la unidad que investigaba actos de corrupción y Rodolfo Delgado lo separó del cargo debido a que tenían en la mira a funcionarios actuales.

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Las acusaciones que el ex fiscal anticorrupción realizó contra el ministerio público a través de una agencia internacional de noticias vuelven a poner sobre el tapete la interlocución del Estado con grupos a los que la nación ni siquiera sabe si referirse como terroristas, subversivos, delictivos o llanamente marginales.

Según el exfuncionario, que se habría exiliado temiendo por su seguridad, los hallazgos relativos a unas nuevas negociaciones con los pandilleros más influyentes del país fueron del conocimiento del actual fiscal general de la República; independientemente de si fue por sus investigaciones sobre la corrupción en el gobierno en el proceso de compras durante la crisis sanitaria o por lo que estableció sobre la participación de algunos ministros o secretarios del régimen en tratos con los barrios, lo cierto es que se purgó a este profesional ipso facto cuando lo correcto habría sido profundizar en sus pesquisas así como proteger su integridad.

Si alguna duda cabía sobre la pérdida de la independencia judicial, restringida por cortapisas que ya no son ni de índole política sino poco menos que una amputación del brazo de la ley a petición del régimen, estas denuncias instalan potentemente la hipótesis de que el oficialismo aspira a protección e impunidad antes que a persecución profesional del delito e igualitaria aplicación de justicia.

Por sobre lo obvio, que son las consecuencias diplomáticas de estos hechos y los perjuicios que supone para el estatus de peticionario de créditos del Estado salvadoreño ante los organismos internacionales, rondan unas preguntas incómodas. ¿El reinstalo de las negociaciones con esos grupos significa que la legalidad institucional y el accionar de la fuerza pública no bastaban para controlar los homicidios? ¿Negociar con los líderes se traduce en verdaderos beneficios para los salvadoreños que componen esos grupos o son sólo prebendas para la vertiente criminal de esos barrios?

Establecer si en esas conversaciones se habló de apoyo electoral es una perogrullada: al menos cuatro partidos políticos han sido acusados de lo mismo. Hay figuras delictivas específicas contenidas en esas conductas, y todos los que hayan transado votos por dinero deben responder ante la ley, aunque en el escenario salvadoreño no todos los ciudadanos cuentan con las mismas garantías procesales.

Pero el fondo de la situación es más oscuro que la sucesiva comisión de fraude electoral por partidos políticos sucesivos. Si ni siquiera un gobierno con el desparpajo de armas, soldados y equipo del que este hace gala puede garantizar resultados contra el crimen si no es negociando con él, ¿hacia dónde va El Salvador? Acto seguido, cabe meditar acerca de si la aproximación gubernamental al fenómeno de las pandillas ha sido la correcta, si las intermitencias e interrupciones de método han contribuido o no a mejorar las condiciones de las comunidades que sirven como caldo de cultivo para el reclutamiento delincuencial.

Saberlo requerirá de más tiempo, de más esfuerzo de los mejores periodistas, reivindicados con cada pieza del rompecabezas que sale a flote pese al esfuerzo de la máquina de propaganda, y de mucha paciencia porque Bukele y su aparato continúan en fase de negación.

Más allá del análisis y sus ángulos, es una denuncia inquietante contra el gobierno y pone cuesta arriba a la Fiscalía General de la República, porque luego de que el gobierno estadounidense consideró a una de las pandillas como organización terrorista, todo indica que ese Estado acusará a funcionarios salvadoreños de por lo menos estar en connivencia con ella. Si para los Estados Unidos de América la única manera de derrotar a esa estructura es teniendo como blanco a la organización como un todo, cualquiera que quepa en la categoría de facilitador, financista o lobbista de las pandillas puede ser objeto de la persecución penal norteamericana. Y ante eso, no hay narrativa, insultos ni pataleta que cuente.

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