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Insistimos por enésima vez en el tema austeridad, que sigue pendiente sin respuestas eficaces

El crecimiento constante de los empleos dentro del aparato estatal, la aplicación de “programas sociales” sin base financiera planificada y los gastos en bonificaciones, asesorías y viajes, como se ven por ejemplo en la Asamblea Legislativa, son muestras patentes de las distorsiones que siguen estando a la orden del día.
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La crónica situación de desajuste que padecen las finanzas públicas ha hecho que uno de los temas de más relieve en el ambiente sea el imperativo de entrar en la lógica de la austeridad, para que no se produzcan desajustes o desbalances como los que se han venido presentando de manera periódica, con los efectos dañinos que eso acarrea tanto para el funcionamiento institucional como para la buena marcha de los servicios que presta el Estado en beneficio de la población. Todo esto puede constatarse sin ninguna dificultad con sólo revisar las situaciones que se presentan en el día a día, y que traen consigo tanta inquietud y tanta insatisfacción generalizadas.

Cuando se habla de austeridad se hace inmediata referencia a dos conceptos prácticos inevitables: orden y disciplina. Y ahí precisamente comienzan las dificultades de manejo, porque tanto el desorden como la indisciplina han ido ganando carta de ciudadanía en el escenario nacional; y la institucionalidad gubernamental es la que da el mal ejemplo más patente al respecto. Y es que en los ámbitos gubernamentales no se quiere entrar en razón sobre el imperativo de racionalidad en todos los órdenes, y específicamente en lo que toca al necesario equilibrio entre lo que se recibe y lo que se gasta.

En este punto, factores como el clientelismo político, el ansia de ganar voluntades con tácticas asistencialistas y el culto irresistible a las erogaciones superfluas frenan todo intento real de control. El crecimiento constante de los empleos dentro del aparato estatal, la aplicación de “programas sociales” sin base financiera planificada y los gastos en bonificaciones, asesorías y viajes, como se ven por ejemplo en la Asamblea Legislativa, son muestras patentes de las distorsiones que siguen estando a la orden del día.

Es claro hasta la saciedad que se hace imperioso reorientar la conducta gubernamental hacia el logro de esos dos propósitos básicos: orden y disciplina. En esa forma se podría asegurar la sanidad de las finanzas públicas, logrando que los objetivos de la estabilidad y del crecimiento se hicieran de veras alcanzables. Lo que no se puede, y ya no hay cómo disfrazarlo, es continuar negándose a la lógica fundamental del equilibrio, porque eso no sólo trastorna el manejo institucional sino que impide la viabilidad social.

Es muy revelador, en el sentido positivo, que diversos aspectos de toda esta temática estén en el ojo público de manera ya sistemática. La discusión creciente sobre los gastos legislativos es una prueba de ello. Y es que, en todo caso, hay que incorporar el punto de la verificación de los resultados del gasto. Por ejemplo, en el rubro de los viajes se tendrían que comprobar los beneficios reales para el país que resultan de ellos; y habría que hacer en muchos otros gastos un análisis serio para eliminar lo superfluo y sólo mantener lo necesario.

La austeridad, como venimos reiterando sin cansarnos de hacerlo, es una norma reguladora de la vida, no sólo en los ámbitos públicos; pero en éstos se vuelve un componente insoslayable de la sostenibilidad nacional.

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