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Institucionalidad y colegios profesionales

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Juan Héctor Vidal / Columnista de LA PRENSA GRÁFICA

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Partamos de una realidad. La sociedad salvadoreña, como un todo, está desencantada, por no decir asqueada, con el comportamiento de la clase política, lo cual tampoco es privativo del país. Pero, en la víspera de unos comicios que serán definitorios para que la institucionalidad democrática avance, se estanque o entre en un proceso de involución, esos sentimientos parece que se han exacerbado. La inquietante actitud de muchos de no darle su verdadero valor al sufragio es una clara expresión de ello.

¿Cómo persuadir a los que están perdiendo la fe en el sistema, si hasta actores importantes de la sociedad que pueden contribuir a evitar su descarrilamiento se vuelven permeables a las conjuras y devaneos ideológicos? La infiltración del partido gobernante y del crimen organizado en entidades públicas e institutos políticos hace tiempo dejó de ser un secreto; pero la creciente penetración, por ejemplo, en los colegios profesionales debe llevarnos a una reflexión seria sobre hasta qué punto, ese cáncer puede estar haciendo metástasis al extremo de hacer colapsar al cuerpo social. Dejando de fuera las figuras, estamos hablando de una sociedad parecida a la venezolana.

Y al mencionar a actores tan importantes como los colegios de profesionales en la actual coyuntura, no se pueden obviar los forcejeos en la FEDAES, de cara a la elección de cinco magistrados de la CSJ, incluyendo cuatro de la SC. En este caso, ha quedado demostrada la intromisión cínica y abusiva del partido gobernante, con efectos colaterales en otras organizaciones homólogas que se han prestado al manoseo de normas estatutarias de entidades públicas y privadas. Nos referimos a la noción muy extendida de que COLPROCE y ASPAE unieron fuerzas para ungir en la SIGET al mismo personaje, hoy defenestrado, que preside la gremial de abogados.

En este caso, enfatizo en el primero en razón de mi profesión y porque en dos ocasiones, por invitación, acepté ser miembro del mismo, pero en igual número de veces renuncié por la vulneración de dos principios que creo son consustanciales a toda organización de esta naturaleza: la ética y el compromiso con el país. La primera vez, por la renuencia de su JD de condenar el atropello de que fue víctima nuestra Alma Mater durante la administración Molina. Treinta y cinco años después, al constatar que en forma arbitraria se le otorgaron durante dos años consecutivos los máximos galardones que concede el colegio, a un funcionario público, hoy ministro, sin que este tuviera las credenciales que exigen sus estatutos.

En medio de esos episodios, en 1996 se me otorgó la distinción de Economista del Año, a pesar de que no conté con el apoyo de la ANEP –donde fungía como director ejecutivo– porque su presidente, el Ing. Roberto Vilanova, me advirtió sobre un posible conflicto de intereses. Hoy, enterado de las actuaciones de COLPROCE –claramente sesgadas y revestidas de un tinte ideológico que desnaturaliza su razón de ser– hago pública mi decisión de devolver el objeto material que simboliza ese reconocimiento. En su oportunidad dije que recibía la presea con humildad, ahora la regreso por dignidad y ética profesional.

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