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Interpelación

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José Enrique Argumedo

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Los Parlamentos tienen como función principal legislar, aunque también tienen otras, entre ellas la función investigadora. Por ello pueden formar Comisiones de Investigación y también decidir la interpelación de funcionarios del Órgano Ejecutivo.

El funcionario sobre quien se toma la decisión de interpelarlo debe concurrir a la Asamblea Legislativa a responder públicamente las interrogantes que le formulen los diputados. Es una actividad que si bien se realiza en el seno del Congreso, está encaminada a que conozca de ello la opinión pública. Si la petición la solicita la oposición –que es lo normal– no será un interrogatorio apacible. Las preguntas tienden a hacer quedar mal al funcionario. Eso no nos debe extrañar, porque domina el interés político. Sin embargo es un error llamarlo juicio político, porque no estamos ante una actividad jurisdiccional. En una interpelación no existe un fiscal ni un defensor, luego no existirá una sentencia en que se condene o se absuelva.

Si el interpelado maneja el tema, saldrá bien parado, haciendo quedar a los interpelantes en ridículo. Roberto Orellana Milla, cuando ejercía como presidente del Banco Central de Reserva, fue interpelado, y en cierto sentido hizo quedar mal a los diputados, quienes no manejaban bien el tema económico y Orellana Milla, sí. En esa interpelación, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ciro Cruz Zepeda, dijo que algunos preguntan, otros repreguntan y otros son preguntones. De la interpelación, la ciudadanía sacará sus conclusiones.

Puede también solicitar la interpelación el partido de gobierno. Se trata de conducir la interpelación para hacer lucir a su ministro. Lo tratarán con suavidad con preguntas fáciles, contando con la bancada a su favor. En ese caso, poco puede hacer la oposición, si no logra introducir preguntas complicadas.

Quedemos claro que la interpelación es un instrumento político generalmente de la oposición, que tiende a ser exitosa para el sector que lo pide, cuando el interpelado ha actuado incorrectamente o es inhábil para contestar. Existen personas que pueden tener razón, pero no pueden explicarse y eso los hace quedar mal. Como nuestro sistema no es parlamentario, no se puede ordenar que se destituya al ministro, por muy mal que se haya desempeñado. Lo que la Asamblea Legislativa puede hacer es recomendar su destitución. Hasta ahí nada más. Si el presidente no la acata –y no está obligado acatarla– pudiera parecer no ser fructífera la interpelación, lo cual no es así, porque si la interpelación estaba dirigida a que la opinión pública tomara conocimiento del problema y juzgara moralmente, esto puede costarle simpatía al jefe del Ejecutivo.

A la pregunta si el ministro puede bloquear la interpelación, no asistiendo a la cita formulada por el cuerpo legislativo, encontramos el art. 165 de la Constitución: "Los Ministros o Encargados del Despacho y Presidentes de las Instituciones Oficiales Autónomas deberán concurrir a la Asamblea Legislativa para contestar las interpelaciones que se les hicieren". Agrega que los que se negaren a concurrir sin justa causa quedan por el mismo hecho depuestos del cargo. La consecuencia de la inasistencia considero que es grave, porque la Constitución establece que queda destituido de su cargo. Si asiste y hace un papel deslucido, solo se recomienda su destitución; pero si no asiste, ante la rebeldía, el Constituyente estableció la sanción de ser removido como ministro.

Llegado a este punto, aunque en tema ajeno pero relacionado, ¿qué sanción existe en nuestra Constitución, para un diputado que no asiste a una convocatoria para una sesión de la Asamblea Legislativa? Ninguna.

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  • funcionario
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