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Intervenciones públicas en la economía

No siempre funcionan bien los mercados ni siempre son buenas las intervenciones de los gobiernos en la economía.
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En una intervención de la Superintendencia de Competencia en 2008, se determinó que dos empresas harineras habían acordado repartirse el mercado de harina salvadoreño en partes casi iguales, lo cual, como era de esperarse en cualquier acuerdo de colusión, terminó afectando a los consumidores con un sobre precio de 22 %, según estimaciones conocidas en los medios.

Esta es una falla de mercado típica de libro de texto. Un mercado en competencia tiende a emplear las cantidades de capital y de mano de obra para producir de una manera eficiente lo que la sociedad requiere, a un precio que representa el equilibrio de la oferta y la demanda en ese mercado. Hay circunstancias, sin embargo, en que ese mecanismo falla, una de ellas es cuando los productores, como en el caso de la harina, se ponen de acuerdo y eliminan la competencia, con lo cual ganan más dinero los accionistas y lo pierden los consumidores.

En mayo de este año, la Sala de lo Contencioso Administrativo ratificó la multa de cerca de cuatro millones de dólares por colusión a las dos empresas harineras.

Como este, hay otros casos de colusión en nuestros mercados que violentan la competencia y cargan a los consumidores con precios excesivos. Una de las funciones que deben realizar los gobiernos es promover la competencia y actuar cuando esta sea violentada. El correcto curso de acción pública en el caso de la harina es lo que el semanario “The Economist” califica como ejercer una política pro mercado; haber tolerado la colusión habría sido mantener una política pro negocios.

Pero los gobiernos también fallan y causan grandes pérdidas a los ciudadanos. Cada salvadoreño que cotiza para su pensión está poniendo sustanciales recursos en manos de instituciones financieras, que luego los invierten bajo riesgo con el propósito que, al final de su vida productiva, el trabajador obtenga una pensión que refleje las privaciones de haber dejado de consumir esos ahorros.

Con los ahorros de pensiones el gobierno salvadoreño tiene las responsabilidades de proveer información al ahorrante, sobre cómo se encuentra la situación financiera de cada administradora de pensiones; de supervisar que la administración del fondo busque buenas tasas de interés; y de regular que las inversiones que los fondos hagan no corran riesgos excesivos, que puedan poner en peligro los ahorros de los trabajadores.

Sin embargo, en cuanto a sus certificados de inversión previsional, el gobierno hace precisamente lo contrario en lo que se refiere a los últimos dos puntos.

En vez de supervisar que los ahorros de los trabajadores consigan las mejores tasas de interés, incluso contra un dictamen de la Sala de lo Constitucional, el gobierno ha venido imponiendo, desde que se creó el Fondo de Obligaciones Previsionales, tasas de interés por sus certificados de inversión previsional inferiores a las de mercado, provocando pérdidas sustanciales a los trabajadores.

En vez de regular que las inversiones de los trabajadores no corran excesivos riesgos, las administradoras se ven obligadas a seguir invirtiendo en certificados del gobierno con calificación de riesgo CCC y siempre a una tasa de apenas 3 %, violándose la regla financiera que establece que a mayor riesgo hay que pagar mayor rendimiento.

Nada que ver con una buena intervención pública. Ciertamente, los gobiernos pueden hacer muchas cosas interviniendo en la economía, pero no siempre para mejorar el bienestar social. En la línea que hemos indicado, bien podríamos decir que la intervención en el caso de la harina fue pro mercado y que la intervención en las pensiones es pro gobierno.
 

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