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Jaguares en una selva de impunidad

Ninguna cifra sobre lo que hizo la policía importa tras la desaparición de la agente Carla Ayala, en diciembre de 2017. Ni si el decomiso de drogas superó lo de otros años, o el decomiso de armas, ni su efectividad en operativos, ni si bajaron las extorsiones. Nada. El 2017 cerró para la entidad policial, ya cuestionada por claras dudas sobre ejecuciones extrajudiciales, con el escándalo en una de sus unidades élite, el Grupo de Reacción Policial (GRP).

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Claudia D. Ramírez / Subjefa de Información de LA PRENSA GRÁFICA

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Esta unidad gozó durante mucho tiempo de un buen nombre, eran los que llegaba a poner orden, los tácticos, lo mejor de lo mejor en el interior de la corporación.

Pero una fiesta que estuvo absolutamente fuera de control en las instalaciones que albergaban a esta unidad, donde hubo mucho licor, violencia y la violación y posterior desaparición de una de sus agentes, dejó todo ese buen nombre convertido en añicos.

Todavía no puedo comprender cómo algo como eso ocurrió en una de las unidades élite más importantes del país. Pero es aún peor que más de 50 días después no haya resultados claros en la investigación sobre la desaparición de la agente Carla Ayala, y de su agresor, también un agente policial.

Esta semana, que fue presentada la nueva Unidad Táctica Especializada Policial (UTEP) –cuyos agentes serán conocidos como jaguares–, que busca sustituir al GRP, vale la pena recordar que muy poco se recuperará de la confianza en la Policía si no hay una investigación seria sobre lo ocurrido aquella noche de diciembre en el GRP. No importa cuántas unidades nuevas creen, ni cuántas veces cambien nombres. Lo único que les devolverá un poco de respeto y confianza por parte de la población será que resuelvan qué pasó con Carla Ayala y su atacante y que lleven ante las autoridades a los responsables de su agresión y desaparición.

A estas alturas, como mínimo, el jefe del GRP debería estar procesado porque la celebración que propició el ataque contra Ayala ocurrió bajo el aval del jefe, quien también permitió el consumo de alcohol.

Presentar a la UTEP sin mostrar avances en la investigación del caso y sin tener aún ninguna detención envía un mal mensaje a la población, que en medio de la violencia que vive el país, aspira a poder confiar su seguridad en la Policía.

De momento, el mensaje que recibimos es que la PNC tampoco está exenta de este virus de impunidad que nos mantiene afectados como sociedad y que hace que no respetemos las reglas porque sabemos de antemano que no recibiremos castigo. Si no, basta ver el comportamiento de las pandillas sobre los homicidios y extorsiones o, peor aún, nuestro comportamiento a la hora de conducir, donde constantemente irrespetamos las leyes, lo que se traduce en epidémicos números de accidentes de tránsito.

El director de la PNC, Howard Cotto, ha prometido que el 15 de marzo terminará la evaluación del personal del GRP. A partir de allí, decidirá hacia a dónde destinará a la mayoría de sus agentes. Ojalá para entonces, la investigación de este penoso caso también tenga avances. Eso no solo le dará un poco de sentido de justicia al país, sino que, al identificar y condenar a los agentes que cometieron y encubrieron delitos, hablaremos más de los buenos resultados de la PNC y de los buenos elementos que seguramente hay en su interior. Por ahora, este escándalo los tiene con la moral baja a ellos y a nosotros. Urge resolverlo.

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