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Jorge Isidoro Nieto

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Federico Hernández Aguilar

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La indignación que en diversos círculos sociales ha causado el encarcelamiento del exministro Jorge Nieto tiene sobradas razones. No solo es que el proceso en contra suya tiene vicios y omisiones desde el principio, sino que el sorprendente resultado ha terminado dejando más dudas que certezas alrededor de una obra de infraestructura que sufrió extrañas alteraciones antes –e incluso después, ojo– de su gestión, alteraciones que no logran probarse justamente durante los dos años en que Jorge trató de corregir los entuertos de su antecesor.

El "dolo" que el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador cree estar castigando en el caso de Nieto tendría asidero si el exministro no tuviera en su poder documentos que prueban su diligencia para sacar adelante la construcción de la Diego de Holguín –más adelante bautizada Monseñor Romero por el prófugo Mauricio Funes, quien además de aprovechar la circunstancia para convertir el "les guste o no" en una enseña de su malhadado gobierno, nunca explicó por qué los costos financieros de aquella vía, "heredados de la ineptitud y corrupción" (Funes dixit), terminaron haciéndole pagar a su administración bastante más dinero del que es solo achacable a los manejos de periodos anteriores.

Jorge Nieto estaba legalmente habilitado, incluso por la Corte de Cuentas, para entablar litigio contra la empresa constructora, cuyo representante legal hoy huye de la justicia. Si la Fiscalía, representando los intereses del Estado, tampoco esta vez logró ganar el caso, de ninguna de estas consecuencias es posible culpar hoy a Nieto, quien como cualquier funcionario tenía facultades para recurrir a las instancias arbitrales correspondientes. Satanizar la alternativa del arbitraje por sus efectos adversos es uno de los precedentes más perversos que el Tribunal Quinto de Sentencia ha asentado en su condena a Jorge. Y las derivaciones pueden ser incluso nefastas para nuestro Estado de Derecho.

¿Por qué jamás se sentó en el banquillo de los acusados a David Gutiérrez Miranda? Esa pregunta fue incómoda siempre. Cuando el entonces flamante titular de la Fiscalía, Luis Martínez, hoy guardando prisión por (entre otras linduras) "comercializar" con la justicia, perdió los papeles en una conferencia de prensa y se despachó aquel: "¡Respetá al fiscal!", en realidad no tenía motivo para enojarse pues la pregunta era legítima: Si Jorge Nieto estaba siendo acusado de peculado, ¿cómo era posible que su antecesor, presuntamente causante del embrollo original, ni siquiera apareciera entre los investigados?

Hoy, claro, no resistimos a la tentación de hacernos una interrogante de muy sencillo calado: Si Gutiérrez no fue incluido entre los presuntos culpables por un fiscal que, se presume, traficaba con los casos más "políticos" que el Ministerio Público tenía entre manos, ¿a quién se beneficiaba entonces con la escandalosa impunidad del primer ministro de Obras Públicas de Saca? ¿Y a quién podría estarse beneficiando ahora con un fallo condenatorio a todas luces insostenible?

Al corrupto, damas y caballeros, se le conoce por el "plumaje". La conciencia del que roba dinero ajeno es tan laxa, que sin necesidad exhibe vulgarmente su nueva "prosperidad": carros de lujo, vestimentas caras, exóticos viajes de placer y súbitos traslados de residencia explicables solo por cambios de "fortuna" igualmente súbitos. David Gutiérrez era así, y no lo ocultaba.

Jorge Isidoro Nieto Menéndez, en cambio, salió de la función pública, luego de una década de servicio, a buscarse un empleo digno para vivir, porque cuando se ha sido honrado no hay depósitos bancarios millonarios ni conexiones vergonzosas que garanticen holgura y tranquilidad. Hoy la injusticia se ensaña contra la familia de Jorge, pero quienes le conocemos sabemos que esta pesadilla, tarde o temprano, acabará. Rezamos por eso.

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