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Justicia falsificada

La justicia y la elaboración de las leyes deben ser independientes del poder que está llamado únicamente a obedecer y ejecutar esas leyes.

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Federico Hernández Aguilar - Escritor y columnista de LA PRENSA GRÁFICA

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La manipulación de la justicia y la imposición de límites a la libertad de expresión son dos de los caminos más frecuentes en la historia de los regímenes autoritarios. En orden a la facilidad con que tratan de cooptar ambos espacios, me referiré a ellos en artículos distintos, empezando por las consecuencias que tiene la toma del poder judicial por parte de quienes así desmantelan los pilares de la República.

La separación de poderes es una condición indispensable para el correcto funcionamiento de una sociedad democrática. Esto es así porque la justicia y la elaboración de las leyes deben ser independientes del poder que está llamado únicamente a obedecer y ejecutar esas leyes. En otros tiempos, cuando reyes y emperadores sometían regiones enteras a su antojo, una sola persona hacía todo: diseñaba la ley, ejecutaba la ley y encarnaba la ley. No había espacio para el disenso. Si el soberano lo decidía, un súbdito podía pasar de su hogar a la cárcel sin proceso alguno.

El fin de los absolutismos y la adopción del moderno concepto de República hicieron posible que los derechos de las personas descansaran en el debido proceso, que no es otra cosa que el respeto de la autoridad a las garantías mínimas que merece cualquier ciudadano. Gracias a este principio jurídico básico, los mandatarios democráticos se ven sometidos también a las leyes, en observancia de las cuales tampoco pueden pasar por encima de los derechos de nadie ni manipular a conveniencia la justicia.

Pero a veces aparecen gobernantes que no solo no desean obedecer a las leyes, sino que buscan manipular el diseño de las mismas y, si es posible, maniatar o intimidar a los jueces para que la justicia se haga como ellos quieren. En estos casos la separación de poderes deja de existir y esos gobernantes, por mucho que hayan sido elegidos en elecciones, pierden su legitimidad democrática. Se convierten, por así decirlo, en reflejos anacrónicos de aquellos reyes o emperadores de antaño que se creían dioses en la tierra.

Por estas razones es que la lucha que están realizando los jueces de nuestra República por mantener su independencia de los otros dos poderes del Estado no solo es legítima y oportuna, sino históricamente acorde a los principios básicos de todo sistema de justicia. Al defender el derecho que les asiste de conservar sus puestos, los jueces del país están defendiendo también el derecho que los ciudadanos salvadoreños tenemos de gozar del debido proceso garantizado por la independencia judicial frente a cualquier arbitrariedad del Ejecutivo o el Legislativo.

En uso de sus competencias, la Cámara de Familia de la Sección de Oriente de San Miguel otorgó medidas cautelares en favor de los jueces mayores de 60 años que estaban siendo removidos sin consideración alguna, incluyendo el debido proceso. Este fallo era un recurso desesperado, pero atinente, contra el perjuicio más grande que se haya hecho jamás contra quienes imparten justicia en El Salvador. Ignorando efectos legales posteriores, la Corte Suprema siguió adelante y hasta procedió a juramentar a quienes sustituirán a los profesionales forzosamente retirados.

Pese a que cada día vemos confirmada la subordinación de los órganos de Estado al poder ejecutivo, ¿dejaremos solos a los jueces? ¿Acaso su lucha no tendría que ser también la nuestra? ¿Qué abusos enfrentaremos cuando ya no queden jueces independientes en El Salvador?

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