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Justicia y componendas partidarias

Dos frases se han hecho célebres y han adquirido carta de ciudadanía en El Salvador de hoy: “Hay que dejar que la institucionalidad funcione” y “todo se debe a una persecución política”.
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Con algunos matices, esta prédica la interpretan muchos como un argumento pueril para tratar de instrumentalizar la justicia o, cuando menos, inclinar la opinión pública a favor de los que contravienen la ley, y en particular, cuando la corrupción hace de las suyas. La insistencia de poner contra la pared a la Sala de lo Constitucional sin duda sintetiza fielmente la notoriedad de esa nueva forma de atropellar la legalidad.

El germen de esa parafernalia no podía tener otra fuente que el comportamiento de una clase política acostumbrada a vivir protegida por nuestra proverbial impunidad. Esta es en definitiva la causa y a la vez consecuencia, de las debilidades que exhibe nuestro sistema de justicia, pues es en ella (la impunidad) donde depositan su suerte tirios y troyanos hasta el grado de minar la capacidad de la población para indignarse, aun ante los hechos más abominables.

Pero aun sabiendo que la indignación es el paso previo para la acción, los ciudadanos tendemos a obviar el hecho de que somos nosotros mismos los directamente responsables del statu quo, aunque la mayoría coincida en que su vida se desenvuelve en un ambiente virtualmente insoportable. Y si esto así, inconscientemente nos auto condenamos a vivir sumidos en conflictos, confusiones, promesas y engaños, producto de una especie de conjura entre quienes ejercen el poder formal y sus adversarios. Contra quién nos erguimos es una pregunta pertinente. Bueno, para empezar tenemos el ejemplo de Guatemala.

Los motivos para emular a los vecinos abundan, aunque las “peros” también salen fácilmente a la superficie. Se dice por ejemplo que la justicia funciona cuando se lleva a los tribunales a un delincuente de cuello blanco, pero la duda sobre el desenlace siempre está presente, partiendo del hecho de que invariablemente hay intereses poderosos de por medio y especialmente cuando hay posibilidades de un “quid pro quo” que termina por hacer trizas a la misma justicia. Aquí es donde están en riesgo de caer los casos de exgobernantes que han sido llevados a los tribunales como presuntos depredadores del erario nacional, los que han sido señalados por sus supuestos vínculos con personajes del bajo mundo o los que se han aprovechado de su estatus especial para cometer abusos contra la sociedad, llaménse tregua, comercio de armas y vinos. Y a los señalados en los “Papeles de Panamá”, ¿dónde los ubicamos?

Como en los casos anteriores la gente reacciona positivamente, cuando la justicia dice presente para encausar a un alcalde y todo su séquito por asociaciones ilícitas con delincuentes y la utilización de recursos públicos para favorecer y potenciar las actuaciones de grupos antisociales, así sea para dar una imagen distorsionada sobre el tema de la seguridad. Allí tenemos también a la Asamblea Legislativa, o sea la fuente primaria de los intercambios odiosos. La opacidad en el manejo de su presupuesto y los frecuentes desacatos ante resoluciones de la Sala de lo Constitucional no deberían darse si tuviéramos una oposición menos asediada por sus propios pecados. El retraso en llenar las vacantes en el CNJ claramente responde también a componendas, aunque esté de por medio evitar que el partido gobernante se tome también el Supremo como en Venezuela. Más elocuente es la constatación de que las elecciones presidenciales pasadas se definieron a partir del que mejor negoció con las pandillas. Claro, según se dice, con la ayudita del TSE.

Muchos coincidirán en que el “dando y dando” es parte del juego político. El problema surge cuando la negociación se vuelve un negocio, como dice un reconocido analista, y no precisamente para enaltecer la democracia, sino para prostituir la justicia. Pero si en nombre del sistema seguimos aceptando que los políticos neutralicen sus deudas aprovechando que todos tienen la cola pateada, la justicia siempre permanecerá en rojo. Por esto y mucho más la población exige una CICIG.

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  • institucionalidad
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