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Justos por pecadores

Los que tienen el control total son las pandillas. Son ELLOS los que prestan el servicio de “seguridad”. Y la gente... tiene que aceptar las reglas o emigrar por el riesgo de su vida y la de su familia. Las autoridades ¿han escuchado estas vivencias?
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Difícil oponerse a las medidas excepcionales que el gobierno anunció y seguirá anunciando. Lo que se espera es que estén fundamentadas en una estrategia visionaria y efectiva. Es difícil oponerse porque los niveles de inseguridad demuestran incapacidad del Estado y del gobierno. Y todo aquello que dé alguna esperanza... ¡debe ser bienvenido!

No todos estamos en el campo de batalla. Muchos, sin protección especial porque no somos personalidades importantes, no estamos en la primera fila del combate, pero todos sufrimos las consecuencias de la incapacidad del Estado de asegurar los primeros dos artículos de la Constitución de la República. La incapacidad del Estado nos quita la libertad, esa libertad que constitucionalmente es un derecho.

Muchos, aunque no todos, han tenido que caer en el sistema de seguridad que dan los que controlan el territorio. Insisto. Los que tienen el control total son las pandillas. Son ELLOS los que prestan el servicio de “seguridad”. Y la gente... tiene que aceptar las reglas o emigrar por el riesgo de su vida y la de su familia. Las autoridades ¿han escuchado estas vivencias? Residentes en esos espacios tomados comentan en privado sus vivencias. ¿Las ignoran las autoridades?

La semana recién pasada dije... las aguas se mueven, porque el gobierno anunció medidas que son de sentido común. Iniciaron por las cárceles en donde el hacinamiento es incuestionable, se pusieron firmes para que se bloqueen las comunicaciones y crearon un cinturón de “resguardo y seguridad” para evitar el contacto de los privados con el exterior. Pero... esto no es suficiente para recuperar la seguridad y la libertad a la que todos tenemos derecho. Estas medidas no son excepcionales. Lo excepcional es que en el corto, cortísimo plazo aseguren que a los centros penitenciarios no entren celulares, chips y más. Hay comunicación y contacto porque en el interior de los centros, los privados de libertad tienen TODA la libertad de obtener lo que quieran. Y lo tienen porque los encargados de revisar “se hacen del ojo pacho” y dejan que los compañeros, los amigos, los familiares y otros más ingresen “ilícitos” a los centros penitenciarios. Los privados de libertad... pagan por los servicios “profesionales”.

¿De quién es la culpa? me preguntó un amigo. La respuesta cae por su peso... la culpa y la irresponsabilidad es de los mismos funcionarios públicos. No hay otro. Los responsables y los irresponsables de la seguridad pública y del Estado son ellos. Esa campaña de “la seguridad es tarea de todos” es inconstitucional porque contradice las competencias atribuidas al Estado, esas que le dan la razón de ser. A los centros penitenciarios entran “ilícitos” porque funcionarios y empleados dejan que pasen esos “ilícitos”. ¿Y entonces? Pregunto porque las declaraciones de los funcionarios, hacen pensar que ponen SU confianza burocrática, en la efectividad del tercero y no en la responsabilidad legal que ellos tienen que asumir.

¿Ilícitos en los penales? Una y otra vez las autoridades “orgullosas de su efectividad” dan a conocer a los medios de comunicación los resultados de las requisas. Al público exponen, una y mil veces, las decenas y hasta centenas de chips, cargadores, celulares y hasta paneles solares que encuentran. ¿Qué demuestra esto? Incapacidad e incompetencia para hacer la primera tarea, esa de revisar qué ingresa al centro penal. La explicación de esas noticias recurrentes de primera plana es la incapacidad. La Dirección de Centros Penales debe ocuparse de asegurar confiabilidad en el personal que administra los centros.

Las señales deben cortarse. Hay amenazas claras y contundentes. Las multas son considerables. Hay “acuerdo” entre el gobierno y los proveedores del servicio. En Quezaltepeque la señal está cortada. Personas que residen en los alrededores lo confirman. ¿Pero? Esta no es la causa del problema. ¿Cuánto tiempo le llevará al director de Centros Penales depurar a sus custodios? ¿Cuánto tiempo le llevará instalar un equipo moderno para controlar lo que ingresa a los centros penales? Con el avance tecnológico ¿por qué seguir confiando en los ojos y las manos de los custodios para aprobar el ingreso de amigos, familiares y otros más, a los centros penales? Los avances tecnológicos son considerables, ¿por qué no destinar los millones que recaudan por el impuesto a la telefonía para modernizar el equipo de control de ingreso? Ojalá las medidas excepcionales tengan estrategas que las fundamenten porque ¡justos pagan por pecadores!

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