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La Asamblea tendrá que aprender a elegir funcionarios

Nuevamente la Asamblea Legislativa incumple su deber de adoptar mecanismos en función de elegir a la persona más idónea para dirigir una importante institución pública. Esta vez se trata del Tribunal de Ética Gubernamental, institución que se suma a la lista de las injustificadas y políticamente cuestionadas elecciones que realizan los diputados, según el mandato que les ha encomendado la Constitución.
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Una vez más, desoyendo las exhortaciones ciudadanas, los diputados improvisan un supuesto proceso de elección, el cual se encuentra lleno de falencias, donde no se transparenta la información ni se acredita la idoneidad de la persona electa. Este proceso da la impresión que, una vez más, la designación del presidente del Tribunal de Ética Gubernamental fue una negociación aritmética y no un proceso limpio, calificado y transparente como debe ser cada vez que la Asamblea debe elegir funcionarios.

En más de veinte ocasiones, la Sala de lo Constitucional ha mandado a la Asamblea a corregir la plana en el tema de la elección de funcionarios, pero los miembros de la Comisión Política de la Asamblea deliberadamente siguen sin estructurar un proceso que verifique el perfil de cada candidato, que acredite sus competencias y evidencie que la persona electa es la mejor opción entre la lista de elegibles. Estamos seguros que vendrán más planas corregidas.

Y es que la necesidad de acreditar la honestidad y competencia de los distintos funcionarios no se trata de una cuestión meramente formal, ni se puede considerar cumplida con la simple suma de atestados. Se trata de una exigencia por la cual todos los ciudadanos tenemos la certeza de que las personas mejor calificadas son las encargadas de tomar decisiones trascendentales en la Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas, Fiscalía General, Tribunal Supremo Electoral, Procuraduría General, Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos y miembros del Consejo Nacional de la Judicatura.

Un proceso ordenado y público nos daría la certeza que las personas electas han acreditado de forma objetiva la probidad, honestidad, vocación de servicio, compromiso institucional e independencia necesarios para cualquier cargo público.

En los últimos años hemos sido testigos que personas preparadas e independientes de cualquier influencia han sido capaces de renovar el actuar de las instituciones. La visión y valor de varios funcionarios ha dado lugar a que se impulsen investigaciones en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que se presenten las investigaciones respectivas antes los tribunales por los juicios de enriquecimiento ilícito y se promuevan importantes proyectos en las distintas entidades estatales. Cuando las instituciones aún siguen siendo frágiles, el liderazgo de sus cabezas juega un papel trascendental en el rumbo que tome la institución.

Lastimosamente también hemos sido testigos cómo ciertas elecciones, donde el funcionario electo se deja torcer la voluntad y entierra la posibilidad de desempeñar un buen papel, han dado lugar a instituciones sumisas y cooptadas, las cuales únicamente están ahí sin cumplir la labor que se les ha encomendado. Hemos visto una Corte de Cuentas inactiva por más de veinte años, una Fiscalía que estuvo estancada por varios periodos, un Tribunal Supremo Electoral pasivo ante los partidos políticos, y, hasta ahora, no se logra visualizar un verdadero despertar del Tribunal de Ética Gubernamental.

La paralización de las instituciones públicas tiene como raíz los inadecuados procesos de elección que realiza la Asamblea Legislativa. Si no se mejora dicho actuar, no solo se juega el prestigio de las instituciones, sino también el sostenimiento de El Salvador como una república democrática, pues poco a poco se desvanecen los contrapesos a los abusos de poder y corrupción. Es nuestro deber como gremio de abogados y miembros de la sociedad civil de desafiar a la Asamblea Legislativa a seleccionar a los mejores.
 

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