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La Corte y Sección de Probidad... dormidas

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La Prensa Gráfica

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Desde abril de 2017 estamos insistiendo en el tema del retraso en Probidad de la Corte Suprema de Justicia. Como integrantes del Equipo Gestor de la Ley de Probidad, no hemos cesado en nuestro esfuerzo de contar con una buena ley. Afortunadamente, la Ley de Probidad aprobada espuriamente por la Asamblea Legislativa fue declarada inconstitucional y de ahí que al día de hoy se siga aplicando la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos. Vale agregar que durante la tramitación de dicha demanda y hasta la fecha, seguimos trabajando, y el Equipo Gestor tiene casi listo un nuevo proyecto de ley de probidad que pronto será dado a conocer.

Pero quien pareciera que ha dejado de trabajar o bajado las revoluciones al mínimo es la Corte Suprema de Justicia y la Sección de Probidad. Su desaceleración ya no tiene justificante alguna. Hace más de un año, se supo que había varios informes listos, de importantes servidores públicos y exfuncionarios, pero transcurrió 2017 y estamos casi a mitad de 2018, y se ha caído en un silencio que nos resulta cuestionable e injustificable. Necesitamos saber por qué.

Entre los expedientes en manos de la Corte hay expresidentes de la Asamblea Legislativa, jueces y exmagistrados de la misma Corte Suprema de Justicia, exministros y actuales funcionarios del gobierno como el actual presidente y vicepresidente de la República, y no se diga actuales diputados. En este escenario, lo único que por ahora tenemos claro es que los encargados de depurar la investigación y tomar una decisión sobre los cuestionados no accionan, mientras que los cuestionados y sus patrocinadores actúan como si nada ocurriera.

Fue bueno expulsar del ordenamiento jurídico una ley sin dientes, hecha a la medida de la corrupción y los corruptos, como era la Ley de Probidad; pero si lo que priva en la Corte y la Sección de Probidad es la inacción, el silencio, o quién sabe qué, continúan entonces las dudas sobre lo que está obstaculizando el avance de los casos de probidad pendientes. La Sección de Probidad y la Corte deben reaccionar. En 2016 había menos recursos y experiencia, pero tenemos un expresidente condenado por enriquecimiento sin causa.

Lo dijimos ya, no queremos o esperamos que todos los casos investigados terminen judicializándose y/o condenados. Al contrario, exigimos que se defina la situación de incertidumbre que prevalece en torno a dichos casos, pues muchos son actuales funcionarios de los tres Órganos del Estado, y sus actuaciones y ejercicio público se ponen en duda mientras sobre su honestidad, rectitud y probidad prevalezca la duda.

Necesitamos contar cuanto antes con el resultado de las investigaciones pendientes. Muy bueno sería que se desvirtúen la mayoría de los indicios de enriquecimiento ilícito, ya que será menos dinero público que debamos recuperar.

Pero lo cierto es que no podemos avanzar en recuperar la confianza ciudadana, y construir confianza en las instituciones y los funcionarios que ejercen el poder político, si no tenemos certeza de su probidad. La lucha contra la corrupción inició y nada ni nadie podrá pararla ya. En aquellos casos en que la decisión sea judicializar, esperamos que los tribunales actúen con diligencia y rectitud, aplicando correctamente las disposiciones legales y constitucionales aplicables a estos procesos.

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