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La Sala de lo Constitucional al rescate de la república

Ni en tiempos de emergencia puede el Ejecutivo usurpar las facultades de otro órgano del Estado.

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La Constitución es una norma jurídica superior en el ordenamiento jurídico que vincula de forma directa e inmediata a los poderes públicos y a los particulares. También establece los mecanismos de corrección en las situaciones en que no se ha respetado. Es un parámetro de validez formal y de contenido material del resto de normas del ordenamiento jurídico. Los garantes de esta supremacía constitucional son, en última instancia, los jueces.

El 18/05/20, la Sala de lo Constitucional emitió una resolución trascendental para la vida republicana y democrática del país en un proceso de inconstitucionalidad. Admitió una demanda por vicios de forma contra el D. E. 18, que contiene el Estado de Emergencia Nacional de la pandemia por covid-19 bajo el argumento de que el Órgano Ejecutivo invadió facultades constitucionales de la Asamblea Legislativa, al prorrogar los efectos jurídicos del Decreto Legislativo número 593 y, además, reformó la vigencia del mismo, sin seguir el trámite o procedimiento legislativo. Adicionalmente, y quizás lo más relevante, es que la Sala declaró una medida cautelar para suspender inmediata y provisionalmente los efectos de ese Decreto Ejecutivo número 18, ordenando que el Órgano Ejecutivo no podrá ejercer ninguna atribución que dicha normativa establece.

Si bien, la emergencia es real, no han dejado de existir los mecanismos constitucionales establecidos para el respeto del sistema de fuentes jurídicas ni los derechos fundamentales. Ni en tiempos de emergencia puede el Ejecutivo usurpar las facultades de otro órgano del Estado. A pesar de la resolución, el Ejecutivo emitió dos decretos (número 19 y número 26), actuaciones que estaban prohibidas por la medida cautelar, y que implican una nueva desobediencia a una orden judicial y un fraude a la Constitución, con serias responsabilidades penales, patrimoniales y civiles para los funcionarios que la emitieron.

El 22/5/2020 la Sala dictó una resolución de seguimiento de la medida cautelar mencionada, y mediante esta suspendió el D. E. número 19, que había sustituido al número 18, y para evitar el vacío jurídico de falta de declaratoria de emergencia, revivió el D. E. 593 del 14 de marzo de 2020. Vale decir que esta normativa no extingue la responsabilidad por los actos inconstitucionales e ilegales cometidos bajo los decretos ejecutivos, no habilita las detenciones si no hay enfermedad o riesgo objetivo de contagio ni da cobertura a muchas de las medidas del D. E. 26, que son, en definitiva, inconstitucionales. Tampoco se eliminan los deberes de transparencia y rendición de cuentas del Ejecutivo sobre el manejo de la emergencia. La Sala también vuelve a llamar a la cordura al Ejecutivo y Legislativo, pues antes ya había ordenado que "realicen un esfuerzo mutuo para llevar a cabo las acciones necesarias orientadas a emitir en el menor plazo posible una ley de emergencia que actualice las condiciones en las que la sociedad salvadoreña se encuentra a la fecha frente al combate de la COVID-19, con el objeto de garantizar los derechos de la población salvadoreña a la salud y a la vida en todas sus dimensiones".

No es necesario crear una crisis constitucional para enfrentar la pandemia. Se hace un llamado al Ejecutivo a cumplir con las resoluciones judiciales, que actúe de buena fe y que brinde seguridad jurídica.

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