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La Sala de lo Constitucional en el sistema democrático

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Enrique Borgo Bustamante, Exvicepresidente de la República

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Normalmente cuando se habla del sistema democrático nos limitamos a señalar la parte orgánica del Gobierno, las normas fundamentales que rigen sus órganos, la elección de funcionarios, directa por voto popular o indirecta por el Órgano Legislativo, la independencia y limitación de sus atribuciones, su indelegabilidad (RESERVA DE LEY ABSOLUTA PARA LA ASAMBLEA) art. 86 Cn., pero nos olvidamos de la parte dogmática constitucional: que la persona humana es el origen y fin del Estado, organizado para la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común, que tenemos derecho a la libertad, al trabajo, a la propiedad y a su protección, que somos iguales ante la ley, libres, con absoluta libertad de tránsito, de pensamiento y expresión, de asociarnos, gozando de libertad de acción en lo no prohibido, no obligados a prestar servicios gratuitos, que no podemos ser privados de la vida, libertad, propiedad, etcétera, sin ser oídos y vencidos en juicio, que gozamos de la presunción de inocencia, que solo corresponde al Órgano Judicial imponer penas, debiendo juzgarnos con base en leyes preexistentes, sin que nadie pueda avocarse causas pendientes (art. 1 al 14 Cn.), que las leyes no puedan producir efectos retroactivos; la libertad de contratar o de disponer de nuestros bienes, el secreto de las comunicaciones, (art. 21 al 24 Cn.); conocidos todos como las garantías individuales. También y en especial deben señalarse los derechos políticos, del sufragio (pasivo para ejercer cargos y activo para votar), de integración en partidos políticos (art. 72 al 78 Cn.) y en especial velar porque se cumpla la Constitución, particularmente la forma y sistema de gobierno republicano, democrático y representativo.

Todo funcionario, antes de tomar posesión de su cargo “...debe protestar bajo palabra de honor ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución... cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen...” y los funcionarios y empleados serán responsables por los daños materiales y morales que causen por violación de los derechos consagrados en la Constitución.

La violación de cualquiera de las garantías individuales constituye una violación constitucional que por lo menos debe significar la terminación de las funciones del violador y el Estado responderá en forma subsidiaria, ello en el estado democrático, por lo que necesitamos magistrados que crean en el sistema.

En los regímenes dictatoriales ninguna de dichas garantías se respeta, todo depende de la situación de la persona frente al grupo dirigente o dictador, la igualdad de los hombres ante la ley es lo primero que se pierde, algunos consiguen cualquier cosa y otros nada, los tribunales solo sirven para confirmar lo que el grupo dirigente desea, no existe justicia ni seguridad jurídica, nada está permitido sin permiso, cualquiera que ostente una posición oficial puede dictar penas, privación de la libertad, del derecho de propiedad (dicen que para beneficiar a la población, aunque sea para su propia bolsa), en fin, no existe estado de derecho, se dictan leyes para aplicarlas retroactivamente a casos vencidos y tal como decían los constituyentes de 1950, la unificación de poderes, aun la informal, genera la dictadura.

Los principales responsables de controlar esa situación prepotente del Órgano Ejecutivo comandado por un grupo con esas ideas es la Sala de lo Constitucional y en junio tendremos la elección de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y a su presidente por tres años, por lo que se vuelve imperioso sustentar la vida democrática del país, eligiendo a quienes sean de moralidad y competencia notorias, que presupone la falta de capacidad de los candidatos que posean ideas contrarias a la democracia.

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