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La academia debería aportar al debate de pensiones

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Francisco Sorto Rivas

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La academia ha contribuido al debate de temas de interés nacional, permanentemente, a través de sus departamentos de investigación y proyección social y en algunas ocasiones, la temática de pensiones ha sido objeto de estudio en cátedras de entorno económico, por ejemplo; pero, últimamente, a diferencia de otros países latinoamericanos, los centros de educación superior no han construido opinión sobre ciertos fenómenos de la realidad nacional, como la situación fiscal, la política industrial o el tema previsional; a pesar de las implicaciones que tienen este tipo de problemas para la sociedad.

En Chile, por ejemplo, una reforma de pensiones impulsada en el año 2015 se basó en un documento elaborado por académicos, conocido coloquialmente con el nombre de Informe Marcel, por habérsele encargado la tarea de revisar las condiciones del sistema previsional local a un equipo de investigadores, coordinados por el profesor Mario Marcel Cullell, investigador de la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN) y docente de la Universidad de Chile; dicho informe recomendó 58 reformas concretas que fueron aprobadas por el Parlamento, en su oportunidad, para reformar el Decreto 3500 que estableció el sistema de pensiones vigente en ese país.

Por qué me refiero a la realidad chilena, bueno porque su experiencia se tomó de base para implementar el Sistema de Ahorro para Pensiones en nuestro país, a partir de 1998, en términos prácticos; aunque la Ley del SAP se aprobó en 1996; pero su diseño original se comenzó a trastocar casi desde un principio y muchos de sus defectos no son atribuibles, necesariamente, a su formato original.

En la actualidad, en Chile se han visto en la necesidad de aumentar la tasa de cotización para mejorar el monto de las pensiones futuras y, paradójicamente, lo están haciendo mediante la incorporación al modelo, de AFP, de una entidad pública que se encargará de administrar los recursos adicionales del aumento de la cotización; esto nos recuerda el planteamiento que hiciera el ministro Cáceres, en el año 2017, guardando las distancias por supuesto, que dio lugar al Decreto Legislativo 787, destinado a aliviar la presión de caja del erario público; aunque dicho respiro se agotó prácticamente tres años después, a pesar del efecto indeseado que tuvo sobre el monto de las pensiones.

Pero, lo interesante de esta experiencia es el aporte de la academia al debate y propuestas de solución, considerando la complejidad del fenómeno y el imperativo de construir consensos en torno a él; en México y Costa Rica sucede lo mismo; esto debería observarse también en nuestro país.  Los vacíos dejados por las universidades, en este tema al menos, han sido llenados por la opinión de grupos de interés y centros de pensamiento.

Naturalmente que muchos académicos aportamos, a título personal, con nuestras visiones, al debate; pero sin entrar en detalle, motivados por el interés de ampliar la comprensión de diversos temas, esperanzados en que este tipo de inquietudes sean retomadas, eventualmente, por los programas de investigación de las universidades.

En España, por ejemplo, la Universidad de Alcalá de Henares ha hecho una alianza con la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social para formar profesionales universitarios en políticas de pensiones, a nivel de maestría; ahí nos hemos graduado varios salvadoreños; los aportes de estos profesionales podrían servir al debate actual; algunos profesionales están, incluso, en entidades que gestionan programas previsionales en El Salvador y fueron becados por el Gobierno; podría capitalizarse lo aprendido por ellos en estos momentos, mientras las universidades analizan qué participación desean tener en el debate, fundamentadas en el método científico.

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