La administración de justicia debe mantenerse firme frente a las maniobras que buscan coartar su trabajo y desnaturalizar su función

LA PRENSA GRÁFICA viene enfrentando, en los tiempos más recientes, experiencias de acoso y de ataque por ejercer de manera independiente y responsable su función informativa y de formación de opinión. El caso de los ciberataques contra el medio y contra su dirección es muestra patente de ello.
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Como se sabe por larga experiencia histórica, es fundamental para el funcionamiento efectivo de la democracia que el imperio de la ley esté asegurado en todas las actividades del quehacer nacional. Esto implica que el desempeño de la administración de justicia y la labor de todos los entes institucionales que están directamente vinculados a ella, como la Fiscalía General de la República, puedan cumplir sus respectivas funciones de una manera segura, independiente y ajena a cualquier juego de intereses. La experiencia nacional en este campo ha sido muy poco edificante en el curso del tiempo, porque la ley y la justicia vienen de estar sometidas de diversas formas y en distintos grados a los mandatos del poder establecido, que por largo tiempo fue incontrolable; pero desde que se inició la etapa posterior a la guerra, en la que la democratización va tomando cada vez más impulso y ganando cada vez más terreno, las cosas han tendido a cambiar, aunque los intentos de volver a las viejas prácticas siempre están presentes, y contra ellos hay que mantenerse en guardia en todos los sentidos.

Si algo hay que proteger y potenciar para que la democracia prospere y la estabilidad se consolide en el ambiente es el régimen de libertades; y entre ellas una de las más amenazadas y atacadas es la libertad de expresión que se conjuga con la libertad de prensa. En este ámbito también el imperio de la legalidad y su mecanismo principal que es la administración de justicia deben hacer constantemente lo que les corresponde.

LA PRENSA GRÁFICA viene enfrentando, en los tiempos más recientes, experiencias de acoso y de ataque por ejercer de manera independiente y responsable su función informativa y de formación de opinión. El caso de los ciberataques contra el medio y contra su dirección es muestra patente de ello. Los implicados en dichos ataques, entre los que presuntamente se halla el actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, han usado todas las maniobras posibles para desnaturalizar una acusación que cuenta con fundamentos sólidos y que ya está en fase de definiciones judiciales. Frente a esto, el principal implicado ha acudido al planteamiento de demandas por calumnia y difamación, una de las cuales ha sido desechada por un juez en días pasados, por carecer de toda base factual. Ahora se ha presentado otra demanda por lo mismo, con el evidente propósito de presionar a la justicia en forma intimidatoria. Confiamos en que la justicia se mantendrá ajena a este tipo de maniobras, haciendo que la legalidad se imponga sin ningún sesgo.

Insistimos en el imperativo de preservar la libertad de expresión y la libertad de prensa como factores determinantes para el sano desenvolvimiento del proceso nacional. Y los políticos, que están hoy más que nunca en la mira ciudadana, tendrían que ser los primeros en controlar sus impulsos malsanos y sus intenciones pervertidoras. El Salvador se halla en etapa de renovación reconstructiva en todos los órdenes, y si algo es preciso depurar sin contemplaciones es el ejercicio de la función pública en sus diversos niveles. Ya pasó la era de los caudillos, en cualquier forma que éstos se presenten; hoy es el tiempo de la gestión responsable sin excepciones.

La sensatez debe prevalecer y la ley debe imponerse en todo caso y circunstancia. Y los administradores de justicia tienen al respecto un rol de primer orden. Hay que erradicar para siempre el abuso y la intimidación.
 

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