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La agresividad asesina de los grupos delincuenciales continúa sembrando zozobra en nuestro ambiente ya saturado de violencia

Esto implica desplegar una eficacia más contundente en lo que se llama recuperación de territorios, de tal modo que las bandas delincuenciales y sus componentes no sean capaces de hacerse valer como tales en ningún lugar.
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La presencia de las distintas formas del crimen organizado por los cuatro rumbos de nuestro convulsionado país hace que la vida nacional siga teniendo características verdaderamente distorsionadas, que impiden o al menos obstaculizan el normal desempeño de las actividades tanto institucionales como ciudadanas. Ante tal situación, la autoridad establecida se ha visto en la imperiosa e inesquivable necesidad de implantar “medidas extraordinarias”, cuyo efecto definitivo aún no es posible prever de manera segura y comprobable, pero que están evidentemente poniendo a las fuerzas del crimen en actitud de ataque defensivo, lo cual hace que la inseguridad avance aún más hacia lo imprevisible.

Ante tal estado de cosas, se hace imperioso generar estrategias legales e institucionales que acrecienten el control, que aún es muy incipiente en la realidad cotidiana. Las fuerzas del crimen, y más específicamente las agrupaciones pandilleriles, han venido estando a la ofensiva por ya largo tiempo, y eso les ha permitido instalarse a su antojo en diversos territorios del mapa nacional, imponiendo así su ley abusadora casi sin restricciones. El hecho de que esto pueda girar en su contra les hace atacar con todo lo que esté a su alcance para no perder terreno y para seguir expandiéndolo en su perverso beneficio. La autoridad, por consiguiente, debe estar debidamente preparada para contrarrestar las reacciones violentas, que se centran en buena medida en golpes criminales contra miembros del aparato estatal, que por ahora van más dirigidos hacia el poder local pero que podrían irse extendiendo a niveles superiores.

Pero en todo caso el blanco más directo de las acciones criminales son los miembros de la Policía y de la Fuerza Armada, porque éstos son los que se encargan de la lucha directa contra la criminalidad en el terreno. Ante ello, es indispensable desplegar una estrategia más focalizada, que permita proteger con mayor eficiencia a todos aquellos que se desempeñan en dichas áreas, tanto cuando están en servicio como cuando realizan sus actividades personales. Esto implica desplegar una eficacia más contundente en lo que se llama recuperación de territorios, de tal modo que las bandas delincuenciales y sus componentes no sean capaces de hacerse valer como tales en ningún lugar.

Es urgente e impostergable lograr y garantizar que el Estado de Derecho en todas sus expresiones funcione como tal, sin resquicios ni flaquezas, a lo largo y a lo ancho del país. Esto requiere que haya un esfuerzo institucional verdaderamente integrado, que parta desde luego del consenso de todas las fuerzas nacionales, comenzando por supuesto por las fuerzas políticas. El desafío es tan intenso y apremiante que no admite sesgos de ninguna índole, lo cual pone en el centro el compromiso de actuar ya, en la dimensión y en la proyección que se requieren, para que el país no siga avanzando hacia la inestabilidad sin retorno.

Insistimos en la necesidad de articular acuerdos de nación, en este y en otros temas vitales para el buen desempeño del proceso nacional. Si los salvadoreños no nos ponemos de acuerdo para el bien común la maldad organizada se saldrá con la suya.

Tags:

  • medidas extraordinarias
  • seguridad
  • pandillas
  • territorios

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