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La (aún esperada) mejora regulatoria

Aún seguimos esperando la mejora regulatoria, y tampoco es posible accionar el derecho a eliminar las barreras burocráticas. Es momento de actuar y potenciar el derecho de la ciudadanía.

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Centro de Estudios Jurídicos - Por el Imperio del Derecho

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En 2018, dentro de un ambiente de entusiasmo y gran expectativa se aprobaron la Ley de Mejora Regulatoria y la Ley para Eliminación de Barreras Burocráticas para simplificar trámites y mejorar la calidad de las normas, como un impulso a las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. No obstante, hoy en día sus resultados concretos son escasos y limitados a aspectos meramente burocráticos, sin impulsar una dinámica abierta, transparente y basada en evidencia en los procesos de aprobación y evaluación de las normas.

La Ley de Mejora Regulatoria tiene como objeto asegurar la calidad de las regulaciones, para que generen beneficios superiores a sus costos, y, que se eliminen exigencias y requisitos que sin fundamento afecten el clima de negocios. Para ello, creó el Organismo de Mejora Regulatoria y herramientas concretas para brindar más transparencia y exigir el respeto de la legalidad a los trámites, así como asegurar más participación y evidencia al aprobar normas. Esta Ley se inspiró en la experiencia de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de México, una entidad que desde 2000 realiza el proceso de revisión de proyectos de normas y trámites de otras entidades de la administración pública.

Además, se aprobó un marco legal para la prevención y eliminación de barreras burocráticas carentes de fundamento legal y/o de razonabilidad a través de la Ley para Eliminación de Barreras Burocráticas. Esta Ley crea un tribunal administrativo autónomo y un procedimiento administrativo especializado, emulando la experiencia de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Perú, donde cualquier ciudadano tiene el derecho de iniciar el proceso de revisión de la legalidad y razonabilidad de los trámites de la administración pública. Este procedimiento ha sido exitoso, por ejemplo, la Comisión estimó un ahorro para la sociedad de $152 millones durante 2020.

Ambas leyes fueron apoyadas por la iniciativa de cooperación Fomilenio II, que de 2016 a 2019 promovió la instalación de un mecanismo para impulsar el desarrollo económico a través de regulaciones eficientes y trámites simples, a partir de las mejores prácticas internacionales. Según el reporte de evaluación de dicha cooperación, se creó una plataforma de diálogo entre los sectores público y privado para desarrollar una estrategia nacional para mejorar la calidad de las regulaciones y simplificar trámites, así mismo brindó como resultados concretos: la reducción de las cargas administrativas por las discrepancias aduaneras, y la creación de una plataforma de consulta pública de los proyectos de normas que generan derechos u obligaciones a la ciudadanía.

Después de 3 años de vigencia de ambas leyes, aún no están siendo ejecutadas de manera integral. Por un lado, el Organismo de Mejora Regulatoria ha iniciado su labor de formación de funcionarios, emisión de lineamientos, y evaluación esporádica de trámites y proyectos regulatorios; sin embargo, sin una apertura al diálogo con el sector privado, ni el liderazgo político creíble, su labor se limita a un mero formalismo sin impacto real en los trámites y regulaciones. Por otro lado, la Ley para Eliminación de Barreras Burocráticas es incumplida totalmente, y su tribunal sigue sin nombramiento.

Aún seguimos esperando la mejora regulatoria, y tampoco es posible accionar el derecho a eliminar las barreras burocráticas. Es momento de actuar y potenciar el derecho de la ciudadanía.

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Tags:

  • CEJ
  • Ley de Mejora Regulatoria
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