La austeridad pública no debe ser tratada como un mecanismo de ocasión sino como lo que es: una norma básica de conducta en todo momento

Las principales dificultades para que la austeridad gane carta de ciudadanía en los ámbitos de la institucionalidad pública derivan de que los intereses políticos de los que ejercen dicha función se oponen a ello de manera sistemática, haciendo uso de todos los argumentos y argucias imaginables.
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Ante las enormes, constantes y crecientes dificultades que se le presentan a la gestión pública por los desajustes que provocan las resistencias a balancear los ingresos reales con los gastos razonables, el tema de la austeridad salta a cada instante en el ambiente, aunque casi siempre sin definir cómo dicho concepto se podría poner en práctica de manera inteligente y funcional. Y es que lo que habría que tomar en cuenta de entrada es que la austeridad es, en todo caso, la mejor expresión de la responsabilidad, porque lo que ella tiende a garantizar es que no se alteren las mediciones de lo real, que en el desempeño de las finanzas, sea personal, social o institucional, viene a ser un criterio básico, que al desconocerse provoca distorsiones de toda índole.

Las carencias y trastornos financieros que se producen a cada paso dentro del aparato estatal tienen dos causas principales: la falta de un crecimiento económico nacional que genere naturalmente recursos suficientes para garantizar el progreso y la estabilidad, y la falta de disciplina conductora en el manejo de los asuntos públicos. Sólo si hay una dinámica rectificadora y renovadora en ambos sentidos será posible entrar en una fase en que las condiciones de vida vayan cambiando para mejor sin artificios de apariencia y en que la normalidad del ejercicio público habilite a las finanzas del Estado para desempeñar el rol que en verdad les corresponde como gestoras de estabilidad y de progreso.

Las principales dificultades para que la austeridad gane carta de ciudadanía en los ámbitos de la institucionalidad pública derivan de que los intereses políticos de los que ejercen dicha función se oponen a ello de manera sistemática, haciendo uso de todos los argumentos y argucias imaginables. En esa línea, el financiamiento de los llamados “programas sociales” se esgrime como justificación más usual, seguida por la referencia a la necesidad de oportuno cumplimiento de las obligaciones estatales cuando escasean los fondos disponibles, enfatizando entonces las urgencias de más endeudamiento.

El punto de las obligaciones que programadamente debe cumplir el Gobierno en el ámbito correspondiente al régimen de pensiones ha tomado en los últimos tiempos categoría de cuestión traumática en grado sumo, y esto, por más que sesgadamente se quiera plantear desde las esferas oficiales como producto de las deficiencias del sistema que actualmente está en funciones, en realidad proviene de la irresponsabilidad que caracteriza la gestión gubernamental en este y en muchos otros campos.

Al darse la reforma previsional, que viene siendo urgida de manera desesperada desde el Gobierno, no se acaba el desafío de fondo, que es asegurar que el Estado cumpla con sus obligaciones de manera correcta, oportuna y transparente. Para el caso, no se puede admitir que en las cuestiones financieras se vaya a salto de mata, como viene siendo la práctica común por efecto de los Presupuestos Generales desfinanciados.

Insistimos en el imperativo de entrar en una fase de responsabilidad y de austeridad bien concebidas y bien administradas, para que el país pueda ir saliendo de sus múltiples atolladeros, la mayoría de los cuales han sido evitables y pueden ser corregibles. El tema país es el que debe estar en la primera línea de todo lo que se haga de aquí en adelante.

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