La barbarie del Mozote y el imperativo de la verdad

El Salvador es conocido por –al menos– dos actos de barbarie cometidos en el siglo XX: la matanza de campesinos/indígenas de enero de 1932 con una cifra aproximada de 30 mil personas asesinadas (Thomas P. Anderson, “Matanza: El Salvador's Communist Revolt of 1932”) y la matanza de campesinos de la comunidad de El Mozote y de otras comunidades aledañas en diciembre de 1981, con 978 asesinados, de los cuales 553 eran niños. 36 años después, en el caso del Mozote, es particularmente importante que se conozca la verdad, que se juzgue a los principales responsables, dándole a las víctimas algún sentido de justicia, contribuyendo a crear mejores condiciones para una eventual reconciliación. Esta es la llamada justicia transicional que en el caso de El Mozote y del asesinato de los padres jesuitas y de su colaboradora e hija abriría el camino de la verdad y la justicia en esta tragedia que es nuestro El Salvador, donde debemos –finalmente– conocer la verdad y enfrentar nuestra historia para poder, solo entonces, asumir juntos el futuro.

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Alberto Arene / Economista/analistaInternacionalmente

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La primera masacre quedó en la más absoluta impunidad y su principal responsable, el dictador general Martínez, es un héroe en la memoria colectiva de la derecha conservadora tradicional. La segunda lleva 36 años de impunidad, y su principal responsable, el coronel Monterrosa, jefe del batallón Atlacatl, es un héroe venerado por la Fuerza Armada Salvadoreña. La primera fue justificada históricamente por el poder político y económico tradicional como un acto de defensa contra el levantamiento de los comunistas, y la segunda porque se trataba de guerrilleros comunistas, de la base social de ellos, o de una combinación de ambos.

Muchos insisten en que regresar al pasado y escarbar evidencias solo mantiene vivas las amargas divisiones. Pero la historia prueba que lo contrario es cierto. Aferrarse a versiones separadas de la historia permite y refuerza la determinación de los mismos de permanecer en sus trincheras. A veces la verdad necesita “ser forzada en nuestra memoria”. Este “forzamiento” llegó en nuestra memoria en 2012 cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos definió que el caso del Mozote requería una investigación. Esta conclusión generó un respuesta limitada en el Estado salvadoreño hasta que la Ley de Amnistía de 1993 fue anulada por la Sala de lo Constitucional en 2016, y la investigación fue oficialmente reanudada en San Francisco Gotera.

Obligado por la resolución de la Corte Interamericana, el Estado oficializó el pasado septiembre el número de víctimas: 978 ejecutados, 553 menores de edad, 477 tenían menos de 12 años, 248 eran menores de seis. (El Faro, 4.12.2017).

25 años después de los acuerdos de paz, el país permanece profundamente polarizado. Pero la reconciliación es un subproducto de la justicia, y el buscar la verdad un primer paso indispensable hacia la justicia.

Como aseveró David Tolbert, director del Centro International para la Justicia Transicional: “El decir la verdad es esencial para lograr una paz duradera y un cambio social. Ayuda a reducir tensiones entre sectores opuestos al revelar y validar las experiencias de diversos grupos. Para construir un futuro digno e incluyente, es necesario superar narrativas sectoriales divisorias estableciendo un recuento objetivo del pasado violento”.

Nada es más ilustrativo de esto que el caso del Mozote. Y nada más importante que la necesidad de El Salvador y sus ciudadanos de enfrentar y aceptar –finalmente– una versión objetiva y única para la historia, de este horrendo crimen contra la humanidad.

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