La base para encarar la inseguridad está en aplicar la ley sin excusas ni evasivas

Hace mucho que se rebasaron los límites de lo permisible en esta problemática que afecta directamente al desenvolvimiento estable de la vida normal en el país.
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La situación de inseguridad ciudadana que vive nuestro país es francamente calamitosa, y la sensación que prevalece entre la ciudadanía con intensidad creciente es de frustración y de cólera. Tal estado de cosas incide en todos los aspectos del quehacer nacional, con las consecuencias erosivas y desmotivadoras que eso trae consigo. Por todas partes se percibe el sentir de que no se puede continuar así, y tal convicción está por encima de cualquier diferencia de otra índole. La normalidad, que es condición básica para un ambiente estable y en condiciones de desarrollo, se halla cotidianamente agredida por la criminalidad en sus distintas expresiones, y la ciudadanía honrada es la víctima principal de dicho estado de cosas.

En lo que a inseguridad se refiere, lo que se ha visto desde hace ya bastante tiempo es que las fuerzas del crimen y las estructuras antisociales como son las pandillas vienen ganando espacio a costa del accionar de la autoridad y del imperio de la ley. Esto es totalmente contrario a lo que debe ser la práctica natural del Estado de Derecho. Y en los años más recientes, para colmo, se ha acelerado la tentación de buscar una vía presuntamente fácil que al final sólo complica y distorsiona más las cosas: la del “entendimiento” con los que viven de transgredir el orden legal. Aquí se mezclan intereses políticos coyunturales, enfoques sesgados sobre la situación real y la superficialidad que ya se volvió común en el tratamiento de nuestra problemática más compleja en todos los ámbitos.

El punto de partida para entrar en una dinámica verdaderamente funcional consiste en distinguir inequívocamente los distintos componentes de todo este intrincado fenómeno. No se puede ignorar que, para el caso, en la raíz de la expansión pandilleril hay un problema social palpitante. Atacar a fondo dicho problema de falta de oportunidades y de desajuste familiar es un reto que hay que asumir cuanto antes y de manera sustancial y eficaz. Por otra parte, se impone poner en acción un realista y efectivo programa de rescate y reconversión de aquellos miembros de maras que estén dispuestos de veras a reinsertarse en la vida normal. Pero al mismo tiempo, y para que todo lo anterior tenga auténtico sentido, hay que hacer que la ley se les aplique sin contemplaciones ni dilaciones a los que siguen delinquiendo o promoviendo condiciones de inseguridad en el ambiente.

Ya se están viendo aparecer reacciones ciudadanas que deben poner en alerta sobre lo que podría venir si la autoridad no se hace sentir como es su obligación; y es que si la indefensión de la gente honrada se mantiene y, peor aún, si continúa incrementándose, lo más seguro es que empiece a hacerse valer sin control la justicia por propia mano, lo cual podría desembocar en un verdadero caos social. Hay que tomar todo esto con la responsabilidad que requiere, para que en vez de irnos hundiendo más en el desorden se comiencen a dibujar posibilidades de corregir de veras el actual estado de cosas. La ciudadanía reclama efectividad en la lucha contra todas las conductas que nos mantienen como estamos.

Hace mucho que se rebasaron los límites de lo permisible en esta problemática que afecta directamente al desenvolvimiento estable de la vida normal en el país. Y cada día que pasa los riesgos y los desgastes hacen que el reclamo ciudadano sea mayor y más impaciente.

Tags:

  • inseguridad
  • entendimiento
  • pandillas
  • justicia

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