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La burocracia y el exceso se esconden bajo la inversión

¿Vale lo mismo para la directora y subdirectora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social? Según trascendió ayer, el presupuesto del próximo año incluye sendos aumentos para ambas profesionales. Por supuesto, no son las únicas posiciones ejecutivas en el gabinete que han sido objeto de incremento salarial. Lo mismo se sabe del fiscal general, de los magistrados, de los incentivos complementarios a su sueldo para otro círculo de funcionarios y un etcétera cuya longitud está aún por establecerse. La voracidad con la que el gobierno procedió con el proyecto de presupuesto 2022 es llamativa.

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¿Es correcto que en un escenario pandémico, los profesionales de la salud reciban un aumento de sueldo? Pues si se trata de personal de primera línea, no hay ningún beneficio que no merezcan, ninguna consideración que deba ahorrarse para con estos ciudadanos y ciudadanas que arriesgan su vida todos los días desde hace año y medio.

¿Vale lo mismo para la directora y subdirectora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social? Según trascendió ayer, el presupuesto del próximo año incluye sendos aumentos para ambas profesionales. Por supuesto, no son las únicas posiciones ejecutivas en el gabinete que han sido objeto de incremento salarial. Lo mismo se sabe del fiscal general, de los magistrados, de los incentivos complementarios a su sueldo para otro círculo de funcionarios y un etcétera cuya longitud está aún por establecerse.

La voracidad con la que el gobierno procedió con el proyecto de presupuesto 2022 es llamativa. Cuando todavía están frescas en el imaginario social las punzantes preguntas que los diputados de la comisión que investiga los sobresueldos le hicieron a exfuncionarios de ARENA y el FMLN, aparecen las primeras señales de abuso de la posición para inflar salarios, dilapidar en burocracia y disparar aún más la deuda pública.

Va quedando en claro que la indignación del presidente de esa comisión por los montos de los sobresueldos tenía que ver sólo con el carácter ilegal de esos beneficios, no con las ridículas cantidades que algunas y algunos profesionales llegaron cobrando al aparato público de un Estado pobre como el salvadoreño. De lo contrario, se habría expresado con ese mismo énfasis ante el aumento a la directora del ISSS, una promoción equivalente a cinco salarios mínimos.

¿Dónde está la medida de lo que deben ganar los funcionarios? ¿Si no depende de su experiencia, de su competencia, de su notoriedad ni de sus atestados académicos, debe seguir dependiendo de lo que se le antoje al presidente de la República y a sus pasapapeles? En este sentido, la razonable crítica a los sobresueldos de cinco cifras de hace cinco, diez o quince años aplica exactamente igual para el nuevo establishment oficial.

Hay más que un simbolismo en las prioridades del régimen, expresadas en el proyecto presupuestario: aumento del 16 por ciento a la Fuerza Armada de El Salvador y disminución del 11 para la Universidad Nacional. Incrementos salariales para algunos de la camándula de aplaudidores del presidente, aumento de presupuesto para el Organismo de Inteligencia del Estado y para la Secretaría de Prensa de la Presidencia y 20 por ciento menos de inversión en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. La dirección en la que el Gobierno quiere llevar al país queda descrita en estas y en otras comparaciones de fácil lectura: invertir en el aparato represivo y punitivo, en la construcción de una nueva y onerosa burocracia, y escamotearle inversión a la poca contraloría que todavía cabe, así como a los posibles focos de disenso, análisis y organización social.

El gran acierto del presupuesto es el aumento de la inversión en salud e infraestructura deportiva, aunque la falta de transparencia de la que el régimen ha hecho gala, el candado que le ha impuesto a cuanta información de interés ha podido, cerrojos de siete años para prácticamente todo, impedirá al menos durante algunos meses establecer qué tanto de lo que parece financiamiento para un área fundamental de la gestión pública es sólo despilfarro, exceso y burocracia inflada con fines clientelistas.

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