La caducidad de las facultades administrativas de la Corte de Cuentas de la República

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Carmen Elena Rivas Landaverde

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Los últimos acontecimientos relacionados con la caducidad en la auditoría realizada por la Corte de Cuentas de la República (CCR) a la ejecución de los contratos de construcción de la Central Hidroeléctrica El Chaparral del año 2009 me motivan a exponer brevemente algunas consideraciones importantes a la sociedad salvadoreña.

De conformidad con el art. 1 de la Ley de la Corte de Cuentas, la fiscalización que se ejerce se divide en dos aspectos: administrativo y jurisdiccional; en palabras simples esto se refiere a los procesos de auditoría y juicio de cuentas, mismos que deben realizarse con estricto apego a la Constitución (Cn.) y la Ley (art. 86 inc. 3º Cn., y 42 Ley CCR), siendo obligatorio para la CCR, respetar las garantías y derechos fundamentales de las personas que se señalan como posibles responsables de los hallazgos o reparos que se establezcan, especialmente la seguridad jurídica (art. 1 inc. 1º Cn.), el derecho a ser oídos y vencidos en juicio con arreglo a las leyes (art. 11 Cn.) y la prohibición de las penas perpetuas (art. 27 Cn.).

Dichos preceptos están inmersos en los art. 95 y 96 Ley CCR, que determinan respectivamente la Caducidad de Atribuciones Administrativas (plazo de 5 años para efectuar auditorías) y la Caducidad de las Atribuciones Jurisdiccionales (plazo de 2 años para emitir sentencias por los jueces de Cuentas de las Cámaras de Primera Instancia), como las principales "reglas del juego" para que la CCR realice su función.

Refiriéndonos únicamente al ámbito de auditoría, el plazo de los cinco años para practicar tales acciones se cuenta a partir del uno de enero del siguiente año al que tuvieron lugar las operaciones, el cual abarca la emisión del producto final correspondiente, es decir, el informe final de auditoría. El caso de El Chaparral es un antecedente de un informe emitido fuera de dicho plazo, sin embargo, para tenerlo formalmente como "Caducado", además del transcurso del tiempo, es necesario el acto jurídico de Declaratoria de Caducidad.

El art. 97 Ley CCR ha previsto que la Caducidad –en auditoría o juicio de cuentas– pueda ser declarada de oficio o a solicitud de parte; en el caso de auditoría, el responsable de declararla es el presidente de esta institución; dicho acto desactiva las facultades de persecución del Estado (ejercidas a través de la CCR) respecto a los servidores públicos señalados como presuntos responsables de las deficiencias determinadas en auditoría, anulando formalmente al Estado la posibilidad de continuar evaluando el manejo de sus cuentas. La referida situación es lesiva tanto para los justiciables, como para los intereses del Estado mismo, por truncarse la posibilidad de sancionar legalmente conductas indebidas de sus servidores, así como de recuperar sus propios fondos; de ahí que, en este escenario, la Corte de Cuentas figure como parte agraviada.

Por tal razón, declarada la caducidad, el Estado buscará el esclarecimiento de los hechos, ordenando para tales efectos, que se abra expediente para deducir responsabilidades de los servidores internos de la CCR a quienes se atribuya la permisión de la caducidad, debiéndose informar al fiscal general de la República, a fin de determinar responsabilidades de tipo penal que pudiesen imputarse, en el marco de los Delitos relativos a la Administración Pública, regulados en el Código Penal y sin menoscabar lo establecido en instrumentos internacionales relativos a la corrupción, de los que El Salvador es signatario.

En la publicación siguiente, me referiré a la Caducidad de las Atribuciones Jurisdiccionales de la CCR.

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