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La ciudadanía pide cambio de rumbo y la institucionalidad está obligada a atender

En múltiples y sucesivas encuestas de opinión se les pregunta a los encuestados si consideran que vamos por el rumbo correcto o por el rumbo incorrecto; y la respuesta que sobresale avasalladoramente es la que señala que vamos por el rumbo incorrecto.
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Lo que la ciudadanía nacional viene sintiendo y padeciendo en su experiencia del día a día es una inseguridad que se hace cada vez más aguda e insoportable, prácticamente en todos los órdenes de la vida de las personas y de las comunidades. Salir a la calle en los centros urbanos, transitar por los caminos suburbanos y rurales, realizar las tareas más sencillas y comunes, dirigirse a las distintas áreas de los vecindarios, son hoy actividades cargadas de peligros reales, que en muchísimos casos ponen en riesgo la propia existencia. Y unido a ello, la falta de un crecimiento realmente sustancial hace que las condiciones de vida vayan siendo cada vez más adversas para grandes cantidades de salvadoreños, que no tienen presente sustentable ni mucho menos futuro promisorio.

Aunque no todo funciona mal en el país, el hecho de que lo básico –como son la seguridad y el progreso comprobables y suficientes– esté marcado por tantas negatividades impide sentir que vamos avanzando pese a todos los inconvenientes; y tal sensación genera diversas expresiones de parálisis, que deben ser consideradas a fondo para evitar que desemboquemos en alguna forma de inviabilidad histórica. Tenemos un problema de fondo, de carácter estructural, y estar tratando de evadirlo con argumentos y declaraciones superficiales lo que hace es complicar aún más las cosas. Lo correcto y lo sensato sería analizar las realidades nacionales actuales de manera sincera y desprejuiciada, para emprender las correcciones y las redefiniciones que sean necesarias. Nuestro sistema de vida y nuestro esquema de funcionamiento político requieren reajustes significativos, en la línea del fortalecimiento democrático, en el manejo de la gestión pública y en el avance hacia un desarrollo que, por encima de las ideologías, propicie y asegure mejores condiciones de vida para todos.

Cuando la ciudadanía se pronuncia, cuantas veces le es posible hacerlo, por un cambio de rumbo para el país, lo hace como expresión de una necesidad largamente sentida. En múltiples y sucesivas encuestas de opinión se les pregunta a los encuestados si consideran que vamos por el rumbo correcto o por el rumbo incorrecto; y la respuesta que sobresale avasalladoramente es la que señala que vamos por el rumbo incorrecto. Tal respuesta no es casual ni circunstancial: deriva directamente de lo que siente y vive la población en su ejercicio diario. Al ser así, ese giro hacia el “rumbo correcto” tendría que ser asumido como una responsabilidad insoslayable por todos los que ejercen la representación política, y ahora muy especialmente por aquellos que aspiran a lograr la confianza ciudadana en las elecciones que se avecinan.

Quisiéramos oír de todos los aspirantes a ocupar posiciones en el ámbito institucional del poder cuáles son sus propuestas para poner en acción ese cambio de rumbo que la ciudadanía demanda con todo derecho. Y no se trata, desde luego, de estar imaginando vuelcos aventurados y artificiosos de sistema, sino de hacer que la vida política y la vida social se integren constructivamente en un proyecto nacional que traiga beneficios generales sostenibles.

La coyuntura presente de nuestro proceso nacional es más que propicia para impulsar los reajustes estructurales y procedimentales que la misma evolución exige. Lo que no podemos ni debemos es seguir en las mismas, porque eso sería persistir en lo inviable.

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