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La compleja administración gubernamental

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Óscar Rubén Zelaya Lara

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Normalmente al referirse a la administración pública se le atribuye la responsabilidad al presidente de la República y a sus cercanos funcionarios, aun cuando las actividades administrativas existen en los tres poderes que dirigen el gobierno de la nación y principalmente conllevan el área financiera, de donde se deriva la capacidad de ejecutar proyectos, programas o funciones que satisfagan las necesidades de la ciudadanía en general.

Saber administrar significa manejar adecuadamente los pocos o muchos fondos para obtener los resultados previstos, sin dañar o afectar los intereses actuales o futuros del conglomerado, del emprendedor o de terceros, no desperdiciando los dineros ni endeudándose sin posibilidades de honrar los compromisos, desde luego previo estudio técnico financiero debidamente elaborado, estos aspectos globales del sistema son de gran importancia para dirigir un negocio, una municipalidad, un gobierno, un asilo o cualquier organización benéfica.

Si las autoridades electas o nombradas en sus respectivos cargos estuviesen a la altura de sus funciones técnicas y diplomáticas, otra cosa fuera para el desarrollo del país, razón por la que abogo para ser más estrictas las condiciones para que sean aprobadas como candidatos en la legislación del Tribunal Supremo Electoral, en todos los cargos de elección popular acorde a los puestos a desempeñar, desde el presidente constitucional, los diputados y alcaldes, al menos ya se tiene una idea de las funciones que les pertenecen, debiendo agregar algunas más, especialmente en los legisladores, donde aparentemente no existen mayores responsabilidades , incluyendo las inasistencias, que no solo representa derroche de dinero, sin falta de iniciativas para crear leyes y reformas para el mejor funcionamiento del aparato estatal, incluyendo dividir los salarios en un porcentaje por cumplir con sus rutinas y pago por dietas a las sesiones de comisiones y plenarias, el bono se justifica cuando un funcionario se ha esforzado por un trabajo extraordinario, de esa manera solo llegarían a esos puestos personas con deseos de laborar por el pueblo.

En cuanto a la aprobación de proyectos específicos a diferentes períodos que aparecen en los presupuestos generales acordados por la Asamblea Legislativa, es indispensable la revisión de los costos correspondientes por parte de los "asesores" especializados que ahí prestan sus servicios, por ello deben priorizarse aquellos relacionados con las políticas básicas establecidas por los gobiernos en turno y las disponibilidades financieras, incluyendo los límites de préstamos externos permitidos por las leyes, que puedan encontrarse con la capacidad de pago en determinados plazos.

Debemos considerar que todas las actividades descritas deben concretar sus objetivos de la gestión presidencial y de los otros órganos del Estado en función de las necesidades del país para su desarrollo económico y social, especialmente a la seguridad, la salud, educación, generación de trabajo, la explotación de nuestros recursos naturales y en nuestro caso muchos que son desperdiciados como frutales, alimenticios y medicamentosos.

Si queremos realmente minimizar el índice delincuencial solo será posible a largo plazo y debemos iniciar cuanto antes con la introducción de nuevos programas educativos en lo referente a la moral y cívica desde la niñez, además de investigar las causas del mal comportamiento, desde la irresponsabilidad paterna, por cuanto muchos ni siquiera llegan a conocer a sus hijos y menos preocuparse por su formación, en lo que está involucrado la desintegración familiar, partiendo por la investigación policial en el momento de las capturas de los delincuentes y los centros penales.

Tags:

  • administración pública
  • proyectos
  • desarrollo
  • índice delincuencial

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