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La corrupción de los sobresueldos

El presidente de la República tiene un salario nominal de $3,467.43. El salario del vicepresidente, los ministros de Obras Públicas, Economía y Hacienda es de $2,773.72, cada uno. Pero, por otra parte, el salario de un empleado Ejecutivo NC en CEPA es de $3,500, el de un Técnico UACI 1 en el CNR es de $2,281.37, el de un Ejecutivo 1 en FONAVIPO es de $5,000 y el del secretario privado de Casa Presidencial es $6,000.00.
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Ante esos contrastes y ante la realidad del mercado laboral ¿de verdad serán esos los ingresos mensuales del presidente, el vicepresidente y sus ministros? Preguntémonos: ¿Los salarios nominales del presidente y su gabinete son suficientes? ¿Corresponden a la responsabilidad que suponen esos cargos? Por supuesto que no. Pero eso no justificaría, de modo alguno, la entrega de los denominados sobresueldos.

En el año 2013, el periódico digital El Faro publicó un reportaje titulado “Los sobresueldos ocultos del gabinete”. Ahí un funcionario relataba: “Mi secretaria me avisaba. Ella recibía una llamada de otra secretaria que le decía cuándo se podía pasar por el sobre. Por lo general era en los últimos días de cada mes. Era algo muy natural. Mi secretaria me decía: ?ya puede ir a Casa Presidencial”.

Los pagos fuera de nómina a funcionarios públicos son ilícitos. Quien los entrega comete –como mínimo– el delitos de malversación, y quien los recibe, el de enriquecimiento ilícito. Siendo así, los exfuncionarios que hayan dado o recibido sobresueldos han cometido delitos. Y si hay quienes actualmente están involucrados en esa práctica también están delinquiendo.

El carácter reservado de algunas partidas de la Presidencia de la República no autoriza para que de ellas se entreguen montos mensuales a determinados funcionarios. Ese tipo de partidas no son un regalo de los contribuyentes al presidente para que, a su discreción, entregue regalos en efectivo a los funcionarios de su mayor confianza o a quienes él decide que lo merecen.

Sobre ese tipo de partidas presupuestarias, la Sala de lo Constitucional expresó: “La transparencia y la rendición de cuentas respectiva deben ser garantizadas por todas las dependencias del Estado, de manera que todas las cuentas del presupuesto puedan verificarse en su ejecución, transferencia y destino. Esto es, independientemente de que se disponga por ley, respecto de ciertos casos justificados, un manejo reservado de la información. Con base en ello, se concluye que las denominadas ‘partidas secretas’, entendidas como aquellas que no están sujetas a control y rendición de cuentas, no tienen asidero constitucional”.

La solución ante la desproporción en los salarios nominales de algunos altos funcionarios no debe pasar por violar la ley. La solución pasa por transparentar los salarios e incorporarlos debidamente en el presupuesto y la Ley de Salarios.

Hacer una propuesta de incrementar los salarios nominales de algunos de los más altos funcionarios podría carecer de apoyo popular, pero esta natural resistencia podría ser superada si se le acompaña de las herramientas de transparencia y control que exige la ciudadanía y si a tal esfuerzo se le une la promulgación de una nueva normativa en materia de la función pública.

A su vez, la solución supondría exigir a la Fiscalía General de la República que, si tiene indicios de que existen o han existido sobresueldos en cualquier órgano del Estado, inicie las investigaciones respectivas.

Pensamos que si hay funcionarios que actualmente dan o reciben sobresueldos, deben negarse de inmediato a continuar con esa práctica. Y si hay quienes lo hicieron en el pasado deben acercarse a la Fiscalía, denunciar esa conducta, y colaborar con las autoridades. El primero que se arme de valor y se acoja a un criterio de oportunidad podrá redimir su falta haciendo un favor al país colaborando a destapar la corrupción de los sobresueldos.

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