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La corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica

Su impacto es enorme, no solo en la democracia sino también en el desarrollo.
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El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó ayer un nuevo libro titulado “La corrupción: sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano” (TNCA), en eventos que realizó de forma simultánea en Guatemala, San Salvador y Tegucigalpa, con presentaciones en los próximos días en Bruselas, Estocolmo y Washington DC.

El libro estudia la relación entre corrupción y democracia, destacando que la corrupción en el TNCA –El Salvador, Guatemala y Honduras– se deriva de aspectos históricos, como la construcción de Estados débiles, períodos de autoritarismo, guerra civil y sistemas contrainsurgentes, y el menoscabo de la independencia judicial, todas características de democracias débiles o disfuncionales. El libro destaca que la corrupción debe ser entendida y enfrentada como un problema que no es exclusivo del sector público, pues afecta y es especialmente relevante en el sector privado empresarial. Abarca prácticamente a todos los sectores, y por ello la búsqueda de soluciones es responsabilidad de todos.

Se identifican ocho caminos principales que llevan a la corrupción: 1. legislación desactualizada; 2. institucionalidad débil; 3. sistemas de administración de justicia con limitadas capacidades y recursos; 4. sistemas electorales y de partidos políticos sin el rigor democrático; 5. acceso deficiente a la información pública; 6. participación ciudadana escasa; 7. conflictos de intereses; 8. impunidad. Recopila una colección de casos relevantes de corrupción en cada uno de los países estudiados, proveyendo una descripción y análisis breve basado en los documentos oficiales de las investigaciones y en reportes periodísticos.

En Honduras los casos de corrupción relevantes analizados corresponden al período 2007-2014, y pertenecen a 4 categorías generales: corrupción en adquisiciones públicas (defraudación en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, casos de corrupción en la Secretaría de Salud, decretos de emergencia y fraccionamiento); corrupción en la prestación de servicios públicos; corrupción en la contratación de obra pública; y, abuso de los fideicomisos públicos. Estos casos produjeron una pérdida estimada del 4.3 % del PIB, y fueron particularmente graves en el sector salud, destacando el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social con más del 95 % del costo de los casos relevantes de corrupción analizados y fue el detonante del movimiento de los indignados. Estas pérdidas equivalen a 5 veces el presupuesto de Desarrollo e Inclusión Social; 2.25 veces el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos; 70 % del presupuesto de la Secretaría de Salud; o, 35 % del presupuesto de la Secretaría de Educación de Honduras.

En Guatemala, los casos relevantes de corrupción analizados corresponden al período 2008-2017, y pertenecen a 7 categorías generales: captura de instituciones; defraudación aduanera y tributaria; corrupción administrativa; corrupción en las adquisiciones públicas que afectan el derecho a la salud; tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y «plazas fantasma»; corrupción judicial; y, corrupción en el ámbito municipal. Se estima que las pérdidas por corrupción equivaldrían a 4 veces el presupuesto del Ministerio Público; el 92 % de los recursos destinados al Ministerio de Gobernación; o el 74 % del presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, entre otras comparaciones técnicas.

Para El Salvador, los casos relevantes de corrupción analizados corresponden al período 1989-2014, y se enmarcan en 4 categorías generales: corrupción en adquisiciones públicas, con dos subcategorías (contratación de obra pública y otras adquisiciones públicas incluyendo medicamentos e insumos médicos y hospitalarios); corrupción en contratación de recurso humano o «plazas fantasma»; malversación y otras formas de fraude en la ejecución presupuestaria, especialmente en mecanismos paralelos de ejecución como los fideicomisos; negligencia y obstrucción a los mecanismos de investigación y sanción a actos de corrupción. Se estima que produjeron una pérdida estimada de recursos equivalentes al 2.1 % del PIB, y fueron particularmente graves en el caso de obras públicas (33 % del total) y la denominada «Partida secreta presidencial» (alrededor del 50 % del total), equivalente a 6.6 veces el presupuesto de la Fiscalía General de la República; 1.25 veces el presupuesto del ramo de justicia y seguridad pública; 94 % del presupuesto del ramo de salud; o, 60 % del presupuesto del ramo de educación, entre otras comparaciones técnicas.

El libro concluye proponiendo una agenda anticorrupción para el TNCA, con acciones legislativas y de fortalecimiento institucional para alcanzar ocho objetivos: 1) elaboración, discusión, aprobación e implementación de políticas nacionales o espacios de coordinación multisectorial y democráticos para la transparencia, combate a la corrupción y gobierno abierto; 2) política fiscal que priorice la transparencia; 3) asegurar la probidad de los funcionarios y empleados públicos, así como una cultura de rendición de cuentas y gobierno abierto; 4) garantizar el acceso a la información pública, incluyendo políticas de datos abiertos y protección de datos personales; 5) facilitar la participación ciudadana mediante el impulso de espacios de colaboración entre administración pública y sociedad civil; 6) incorporar el análisis de la responsabilidad del sector privado en los esfuerzos de lucha contra la corrupción; 7) reconocer y enfrentar la relación entre corrupción y sistemas político electorales; y, 8) reforma estructural del sistema de administración de justicia, incluyendo acciones que fortalezcan sus capacidades para luchar contra la corrupción.

El impacto de la corrupción es enorme, no solo en la democracia sino también en el desarrollo, lo que debería ser objeto de otra investigación. Nuestro reconocimiento a Icefi por tan relevante iniciativa.

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