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La corrupción es un cáncer político y social que hay que atacar hasta en sus últimas consecuencias

aquí hay que aplicar tratamientos de fondo, de tal manera que no sólo se ataque al mal en sí sino que se desarrollen las percepciones disuasivas que detengan el avance del mal y lo reviertan.

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Uno de los signos más relevantes del cambio evolutivo que se viene dando en nuestro país en los tiempos más recientes es el referente al desmembramiento progresivo de la impunidad que hasta hace poco parecía invulnerable e inmutable. Esto pasaba prácticamente inadvertido en los diversos ámbitos del acontecer institucional, y aunque en los espacios ciudadanos se conocía de manera subrepticia lo que ocurría en el desempeño político al respecto, no había posibilidades reales de que lo que establecían las leyes como comportamientos correctos e idóneos pudiera concretarse garantizadamente en los hechos. Así se vivió por largo tiempo, hasta que los dinamismos democratizadores comenzaron a moverse en plan reivindicador, posibilitando que los destapes comenzaran a avanzar.

Hay que decir de entrada que la impunidad es el caldo de cultivo de la corrupción, y la suerte de ambas va siempre de la mano. Y es por eso que la llave para abrirle espacios a la sanidad real del comportamiento público se materializa en la puesta en evidencia de las prácticas violatorias de la ley y del orden, con los consiguientes castigos para los que impulsan, materializan o solapan dichas prácticas. La impaciencia y la frustración de la ciudadanía por la forma en que vienen procediendo los actores políticos, y en especial cuando ya están a cargo de la gestión pública, generan cada día más muestras de destape de la corrupción por la vía de poner la impunidad a raya. Y esto exige, entre otras cosas, que la justicia responda a su auténtico rol y que la política se vaya sometiendo a los debidos controles.

Reconozcamos sin reservas que la corrupción que se hace sentir y valer en los campos institucionales no es un mal superficial, sino que siempre tiene raíces profundas en las estructuras del sistema. Y así precisamente se han venido dando las cosas en nuestro país, hasta un punto en el que la misma fuerza de la realidad democratizadora va imponiéndose correctivamente por requerimiento ciudadano directo. Los destapes de corrupción no se detienen, y ese es un signo claro de que nos movemos hacia la limpieza en todos los órdenes, como debe ser.

Según decimos al comienzo, se trata de un cáncer político y social que no podría ser remediable con simples medidas de ocasión: aquí hay que aplicar tratamientos de fondo, de tal manera que no sólo se ataque al mal en sí sino que se desarrollen las percepciones disuasivas que detengan el avance del mal y lo reviertan. Para que esto funcione como se requiere es fundamental que las entidades estatales encargadas de la investigación del delito y de la persecución del mismo estén capacitadas en todo sentido para ello; y aquí se juntan la responsabilidad de la Fiscalía General de la República, de la Policía Nacional Civil y del Órgano Judicial. Ahora que existe en nuestro país una CICIES hay que lograr que dicho organismo se incorpore de una manera consistente, a fin de aprovechar recursos y capacidades en el esfuerzo de limpieza institucional que se ha vuelto tan necesario, y que cada día se vuelve más irreversible, dadas las condiciones actuales de nuestra realidad.

Los destapes sucesivos de las actividades corruptas en distintas áreas del aparato estatal van mostrando la magnitud del problema y la urgencia de encararlo sin ambages ni disimulos de ninguna índole.

Y esto debe reflejarse también en la responsabilidad que deben mostrar las distintas fuerzas políticas a la hora de escoger a quienes irán en su momento a ocupar posiciones dentro del esquema institucional: tienen que ser personas honorables a toda prueba, que hayan demostrado de manera consistente e indudable su capacidad, su integridad y su entereza moral. De lo que se trata es de garantizar por todos los medios que los respectivos desempeños sean confiables al máximo.

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