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La corrupción hay que combatirla desde sus orígenes, porque nunca basta reducirse a perseguir sus consecuencias

En verdad, la lucha contra la corrupción debe penetrar hasta los más profundos entresijos de la conducta en las diversas áreas del cuerpo social. Esa lucha tiene que arrancar desde los orígenes, que están en la familia, en la escuela y en la sociedad.
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La lucha institucional contra la corrupción en distintos ámbitos del aparato público es una de las novedades más visibles en el escenario nacional, donde hasta hace poco las corruptelas recurrentes estaban bien cubiertas y protegidas por los diversos mecanismos que tenía a su disposición la impunidad tradicional. Recordamos cuando no hace mucho prácticamente se desactivó la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, sin que se diera ninguna reacción trascendental por tal desafuero. Al ir cambiando las cosas en la cúpula de la Corte dicha Sección pudo ser recompuesta, y hoy está contribuyendo al empeño de esclarecer situaciones anómalas en el plano del manejo de los asuntos públicos.

Pero hay que insistir en la necesidad inesquivable de enfocar la corrupción más a fondo, para que se active la detección y el tratamiento de las causas y no sólo se les preste atención a las consecuencias. En verdad, la lucha contra la corrupción debe penetrar hasta los más profundos entresijos de la conducta en las diversas áreas del cuerpo social. Esa lucha tiene que arrancar desde los orígenes, que están en la familia, en la escuela y en la sociedad. Estamos hablando, entonces, de una cuestión de principios y de valores, que deben ser infundidos y consolidados en el ánimo de los futuros ciudadanos desde lo más temprano que sea posible, porque hay que tener presente siempre que la formación sin raíces profundas nunca prospera como se debe.

Cuando se van destapando los distintos casos de corrupción que proliferan en el ambiente, lo que queda principalmente en evidencia es que lo que más propicia ese vicio de la conducta es el vacío moral, porque los corruptos tienden a actuar como si sus conductas malsanas fueran intrascendentes y hasta justificables. Eso lo vemos con gran frecuencia en las expresiones autodefensivas de aquéllos que se ven expuestos por el accionar de la justicia, que se mueve con creciente impulso en la línea de hacerse valer como un mecanismo al servicio de la ley. Cuando, por ejemplo, se intenta identificar el accionar normal de la justicia con la “persecución política” se está queriendo desacreditar intencionadamente el rol de las instituciones competentes en beneficio de la impunidad.

En este campo, así como en lo que toca a la criminalidad en términos más amplios, hay que promover medidas preventivas que sean capaces de reducir la incidencia del fenómeno; y al respecto, una de esas medidas se centra en hacer una escogencia verdaderamente cuidadosa de aquellas personas que van a ocupar posiciones administrativas en el ámbito público, sobre todo aquéllas de más poder. Lo que se ve con más reiteración, sin embargo, es que las decisiones políticas sobre designación de los que van a competir por cargos gubernamentales o que son nombrados en los mismos se hace poniendo énfasis en las meras posibilidades de ganar elecciones o en el propósito de prestarse a los crudos intereses y compromisos partidarios.

Es claro que se está necesitando más responsabilidad activa tanto en la selección de funcionarios como en el respeto al trabajo de la justicia cuando llega el momento de aplicarla a casos específicos dentro del aparato gubernamental. El reenfoque básico de toda esta problemática sigue pendiente.

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