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La creciente sofisticación del accionar del crimen organizado exige que desde el lado de la ley las acciones sean cada vez más eficaces e integrales

Es determinante sin excusas posibles que todos los actores nacionales e internacionales más directamente vinculados con la responsabilidad de hacer valer la lucha antidelincuencial se pongan en línea en el esfuerzo compartido. Sólo de esa manera se podrán comenzar a ver resultados que nos beneficien a todos.
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Uno de los fenómenos más críticos que están padeciendo nuestras sociedades regionales es el referente a la actividad expansiva e incontrolada de las organizaciones del crimen, que se han visto estimuladas y fortalecidas por factores como el narcotráfico y la escasa efectividad tradicional de las estructuras de lucha antidelincuencial especialmente en países como el nuestro. Sabemos que las redes del crimen se han ido regionalizando y globalizando de manera acelerada, y eso hace que las estrategias de combate y de control se vuelvan no sólo más apremiantes sino sobre todo más urgidas de eficiencia. Y esto último demanda que haya un completo replanteamiento de lo que hay que hacer desde el campo de la institucionalidad, que aún está muy detrás de lo que verdaderamente se necesita.

El Salvador se halla ubicado en la ruta que traslada la droga desde sus principales espacios de producción hacia su prioritario lugar de destino para el consumo; es decir, desde países como Colombia hacia Estados Unidos. Y al estar nosotros en esa ruta recibimos constantes impactos desestabilizadores sobre nuestro sistema de vida, como es muy fácil comprobar con los sucesos del día a día. Las cantidades de producto ilegal que se trasladan constantemente son desmesuradas y crecientes, lo cual pone toda esta problemática en un plano de altísimo riesgo para todos aquellos que no están en el perverso “negocio”, que ahora exige mayor participación de grupos como las maras, que incrementan de manera fehaciente el uso de los nuevos recursos tecnológicos para realizar contactos de complicidad, blanquear dinero y agilizar al máximo sus criminales transacciones.

El representante para Centroamérica y el Caribe de la ONUDD (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) enfatiza en la dinámica económica del tránsito de la droga. Cuando un kilo de cocaína sale de Colombia tiene un valor de 2,200 dólares y cuando se vende al público en Estados Unidos ese precio asciende estratosféricamente a 122,000 dólares. Esto responde a la lógica natural de una cadena comercial del tipo que sea: la gran ganancia posible siempre está al final. Y al ser así en este caso, la batalla contra el narcotráfico tiene que hacerse en todos los frentes, desde el inicio hasta el fin. Pensar que sólo hay que poner énfasis en lo que pasa en el trayecto es cerrar de antemano las posibilidades reales de revertir esta plaga que ya tiene tantos arraigos establecidos y no se detiene ante nada.

Lo que siempre queda claro al tratar este tipo de cuestiones es el hecho de que ningún tratamiento puede ser suficiente si no tiene la amplitud, la profundidad y la interacción que la problemática demanda. La virtualización del crimen es hoy un reto que en ninguna forma se puede dejar de lado, así como también hay que atacar a fondo la territorialización del mismo. Es determinante sin excusas posibles que todos los actores nacionales e internacionales más directamente vinculados con la responsabilidad de hacer valer la lucha antidelincuencial se pongan en línea en el esfuerzo compartido. Sólo de esa manera se podrán comenzar a ver resultados que nos beneficien a todos.

Esperamos que la necesidad vaya activando y unificando voluntades en los hechos y no sólo en las palabras. Es una necesidad histórica que a todos nos atañe.
 

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  • crimen organizado
  • narcotrafico
  • institucionalidad
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  • delincuencia

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