La criminalidad sigue haciendo de las suyas, y los efectos destructivos de tal situación se manifiestan constantemente en todos los sentidos

Es preocupante al máximo que estén apareciendo iniciativas de autodefensa ciudadana por la insoportable angustia que impera en las comunidades. Nadie, por muy justificadas que sean sus razones, puede tomar la ley y la justicia por su cuenta, aunque si la ley y la justicia no hacen lo que les corresponde las tentaciones se van volviendo irresistibles.
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Tenemos perfectamente sabido, por experiencia cotidiana generalizada, que el accionar criminal ha venido tomando posiciones en nuestro ambiente, con el consiguiente deterioro progresivo de las condiciones de vida de todos. Este hecho, que históricamente no tiene precedentes, constituye sin duda el desafío más agresivo y devastador que ha sufrido nuestra sociedad en el curso del tiempo. Si bien la guerra fue un fenómeno de alta intensidad destructiva, sus características eran mucho más identificables y por consiguiente sus eventuales soluciones también lo eran. En cambio, la delincuencia tal como ahora se presenta es una especie de plaga social que está minando día a día las estructuras de la sociedad entera.

Lo peor de todo es que tal estado de cosas, en sus diversas manifestaciones distorsionadoras, ya hasta pareciera lo normal para muchos; y es que uno de los más nefastos efectos de que criminalidad haga de las suyas sin que nada parezca ser capaz de pararla en seco y de manera permanente es que va creciendo la sensación de que seguiremos así por tiempo indefinido. La autoridad establecida trata de hacerse valer con los métodos usuales y con los medios disponibles, pero ya está visto y sabido hasta la saciedad que en todo sentido hay que hacer mucho más y en forma verdaderamente ajustada a lo que el desafío implica para lograr impactos que sean a la vez efectivos a fondo y convincentes en serio.

A estas alturas, y tenida en cuenta la gravedad de la situación predominante, lo que se impone es el imperativo de adoptar nuevos métodos de lucha contra la delincuencia en todas sus expresiones, a la vez que de aplicar todos los instrumentos legales, investigativos y de control en el terreno que sean apropiados para enfrentar el fenómeno con posibilidades de éxito real y suficiente. Lo tradicional ya no funciona, porque los hechos lo han sobrepasado con creces. En el campo de la lucha contra el accionar criminal padecemos aún muchas inconsistencias, y eso es lo que hay que superar cuanto antes. Esperamos que las autoridades competentes activen la apertura que se requiere, y que lo hagan en forma coordinada.

El peligro más grave que estamos enfrentando es que los deterioros provocados por el avance y los embates de la criminalidad quebranten irreversiblemente nuestras bases institucionales. Es preocupante al máximo que estén apareciendo iniciativas de autodefensa ciudadana por la insoportable angustia que impera en las comunidades. Nadie, por muy justificadas que sean sus razones, puede tomar la ley y la justicia por su cuenta, aunque si la ley y la justicia no hacen lo que les corresponde las tentaciones se van volviendo irresistibles. Ante tal riesgo, los mecanismos disuasivos se centran en recuperar los poderes de la ley y los fueros de la autoridad. Hay que trazarse una nueva estrategia al respecto, que sirva a la vez para consolidar de manera inequívoca el Estado de Derecho y para crear confianza en el ambiente ciudadano.

Pongamos todos lo que nos corresponde, y en la medida necesaria, para ir sacando al país de este laberinto en que lo tiene inmerso la criminalidad con su barbarie desbordada. Hay que trabajar a fondo y muy efectivamente en esa línea, sin desviaciones interesadas ni concesiones de ninguna índole, porque lo que está en juego es la supervivencia del proceso de democratización y de modernización en marcha.
 

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