La criminalidad y la impunidad mantienen a diario a la población con el alma en un hilo

Si no queremos que el descontrol prevaleciente se convierta en caos hay que poner en práctica cuanto antes un programa de acción antidelincuencial que, como tantas veces se ha repetido, sea integral, suficiente, directo, efectivo y de proyección en el tiempo.
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La cotidianidad en nuestro país se ha venido volviendo una experiencia cada vez más tormentosa, por efecto de la inseguridad que campea por doquier. Este por supuesto no es un fenómeno que ha surgido de manera repentina, sino que, por el contrario, se trata de una acumulación progresiva y constante de factores que potencian el accionar del crimen en sus diversas expresiones y limitan el reaccionar de la autoridad a la que le corresponde salvaguardar e imponer el imperio de la ley. Hemos llegado, sin duda, a una situación del más alto riesgo tanto para la vida ciudadana como para el quehacer nacional en todos los órdenes; y encarar tal situación con la urgencia y con la responsabilidad que las circunstancias demandan es, ahora mismo, el reto principal y más delicado tanto para la institucionalidad como para la sociedad.

El hecho de que el Área Metropolitana de San Salvador ocupe la 13ª posición entre las 50 ciudades más violentas del mundo, según la medición que hace la organización mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, pone de relieve la gravedad del estado de cosas en que nos movemos los salvadoreños. Sería una grave irresponsabilidad escudarse en justificaciones coyunturales en vez de activar soluciones de fondo frente a lo que pasa. Y lo más alarmante del caso es que, así como se van dando los hechos en el ambiente, la inseguridad ha tendido a crecer y a expandirse, con todos los efectos perniciosos y destructivos que eso acarrea.

Cuando el acontecer criminal adquiere las proporciones incontroladas que padecemos ya por tanto tiempo los riesgos contra la normalidad del sistema de vida se multiplican. En estos días, para el caso, se han producido asesinatos múltiples que hacen saltar la alarma sobre la posible existencia de grupos de exterminio de pandilleros. Esta posibilidad no es descartable, porque el accionar delincuencial se ha vuelto cada vez más desinhibido y porque la impaciencia ciudadana va llegando a niveles de desesperación colérica. Como hemos señalado en ocasiones anteriores, el riesgo de que empiecen a manifestarse expresiones de justicia por propia mano es real, y lo más grave sería que el sentir de la ciudadanía acompañe dicho proceder que tiene las mismas características del proceder que trata de erradicarse. Todo esto presiona aún más a que se tomen, dentro del marco de la ley, las medidas de control que sean necesarias e impostergables, conforme a lo que la realidad exige.

Si no queremos que el descontrol prevaleciente se convierta en caos hay que poner en práctica cuanto antes un programa de acción antidelincuencial que, como tantas veces se ha repetido, sea integral, suficiente, directo, efectivo y de proyección en el tiempo. Está sabido y comprobado hasta la saciedad que las medidas aisladas nunca podrían dar los resultados que se requieren para estabilizar el vivir ciudadano. Hay que moverse sobre bases firmes, que sustenten al mismo tiempo el imperio de la legalidad y el despliegue de la efectividad en la lucha contra todas las formas de conducta delincuencial o antisocial.

El Estado tiene que demostrar y ejercer el poder que le corresponde para ordenar los acontecimientos dentro del marco de la ley. Ni contemplaciones ni excesos son admisibles al respecto. Pero la ciudadanía tiene todo el derecho a que se le garantice una vida sana y segura; y ese tendría que verse como el derecho humano fundamental.

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